El Gobierno nacional alertó este viernes sobre la posibilidad de que la columna vertebral de la Reforma Agraria sufra un severo golpe si la nación pierde la facultad de adjudicar baldíos a campesinos sin tierra, pueblos indígenas y comunidades negras.
Así lo advirtieron el presidente Gustavo Petro, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quienes al unísono se pronunciaron sobre un documento de observación de la Corte Suprema de Justicia presentado al Congreso de la República, respecto al proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural.
En ese contexto, la ministra del agro colombiano indicó que con este documento se busca quitarle a la nación la facultad de adjudicar los bienes baldíos.
“Luego de dos años de trabajo sobre el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, ayer (jueves) se conoció un documento de observaciones presentado por la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República en el que se propone quitarle a la Agencia Nacional de Tierras la facultad legal de adjudicar los bienes baldíos, es decir, sustraer la administración de ellos de la autoridad administrativa modificando la columna del régimen agrario, sustrayendo de la administración de la Nación los bienes baldíos”, escribió la ministra en su cuenta de la red social en X.
Reiteró que “los bienes baldíos son propiedad de la nación, tienen un régimen legal especifico y una destinación constitucional para campesinos sin tierra, pueblos indígenas, comunidades negras y la protección ambiental”.
Asimismo, la titular de la cartera manifestó que la Agencia Nacional de Tierras es la entidad del Estado que administra estos bienes y derivado de ello los adjudica, además, salió en defensa de los procesos de recuperación de baldíos.
“Eliminar esta facultad (a la ANT) es quitarle a la nación la disposición del patrimonio más importantes de la Reforma Agraria. En ese mismo sentido, debe permitirse que ejerza todas las facultades para la adecuada administración de sus baldíos, la recuperación cuando se ocupan por quienes no deben, tal como este Gobierno lo ha hecho”, subrayó.
“No se trata de una discusión entre dos particulares, se trata de la administración de los bienes de la Reforma Agraria”, insistió la ministra Carvajalino en su mensaje, y agregó que “pretender judicializar procesos que no tiene controversias es contrario a las corrientes del derecho que promueven el acceso a la justicia”.
Trabas al derecho agrario
Además, la ministra consideró que con las trabas que han surgido al debate del proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria en el Congreso se contraría el derecho agrario de los campesinos y las comunidades étnicas.
“Se ha creado en la Constitución Política una jurisdicción autónoma para los asuntos agrarios, por lo cual no parece consistente que se pretenda eliminar la agrariedad como criterio para acotar los asuntos a conocer, o limitarlos simplemente a los temas de tierras contrariando el precedente sostenido de la jurisdicción ordinaria sobre el asunto”, aseveró.
En la misma línea, Carvajalino enfatizó que “no se trata de un derecho de tierras, se trata del derecho agrario que cobija el conjunto de actividades de producción y transformación y comercialización primaria de los productos agropecuarios”.
En tal sentido, cuestionó que se estén poniendo en riesgo los principios de la jurisdicción agraria y por ende de la Reforma Agraria.
“Una jurisdicción naciente demanda elementos integradores que permitan una adecuada interpretación, querer omitir los principios de una ley que pone en marcha la apuesta más ambiciosa de justicia agraria no encuentra justificación y representa un riesgo frente a la necesidad de orientar la actividad judicial y administrativa de la cuestión agraria”, afirmó la titular de la cartera agraria.
Resultados de un campo para todos
La ministra, además, puso de relieve las cifras y los efectos de la política de Reforma Agraria durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Llevamos 780.000 hectáreas adquiridas para el Fondo Nacional de Tierras y 400.000 hectáreas entregadas a sujetos populares del campo. Esto coincide con el crecimiento en área sembrada y con una mayor productividad. Además, hay récord de abastecimiento y más exportación. Todo esto es gracias a la redistribución de la tierra, los activos sociales, el crédito y hacer del campo un campo para todos”, subrayó la ministra.
También resaltó la declaración de más de 900.000 hectáreas de suelos fértiles como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y la constitución de 27 Zonas de Reserva Campesina.
“Estamos devolviendo, además, los baldíos concentrados, el patrimonio de la nación: la tierra”, agregó.
La jurisdicción agraria es un avance de la paz: presidente Petro
Este viernes, en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro manifestó que la jurisdicción agraria representa un avance para la paz y salió en defensa de la actuación administrativa para democratizar la tenencia de la tierra.
“La actuación administrativa existe en todo el mundo para desarrollar obras de infraestructura o para democratizar la tenencia de la tierra y convive con la jurisdicción agraria, no son excluyentes, sino complementarias”, escribió el mandatario, quien agregó: “Restituir la tierra a campesinos desalojados cuando no hay oponente debe ser una actuación administrativa”.
Al reiterar su defensa de la actuación administrativa agregó: “Lograr obras de interés general debe ser una actuación administrativa. En tiempos de emergencia natural la compra obligatoria de tierras para reubicación debe ser una actuación administrativa. En casos de propiedades de la nación ocupadas ilegalmente debe haber una actuación administrativa”.