Luego de varios meses de concertación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Consejo Gremial Nacional, radicaron ante el Senado de la República el texto conjunto para ponencia positiva en primer debate al proyecto que busca aprobar el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero.
Se trata de una iniciativa legislativa que fortalece el control frente al contrabando, protege la seguridad nacional y establece reglas más claras y justas para el comercio exterior.
“La consolidación de este texto es resultado de un proceso de diálogo y concertación que incluyó 27 mesas de trabajo en las que se integraron observaciones, se depuró el contenido normativo y se alineó la propuesta con las dinámicas actuales del comercio exterior. Le entregamos al Congreso un articulado con el mayor nivel de coincidencias posibles, lo que nos permite reducir los riesgos de fragmentación y agilizar la discusión para avanzar con una sola voz en el Legislativo”, señaló el director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano.
La ponencia positiva introduce ajustes como la reducción del número de sanciones, la reorganización de las infracciones de acuerdo con los distintos tipos de usuario aduanero y la definición de esquemas de sanción con rangos diferenciados según la gravedad de las conductas.
“Se trata de un proceso de concertación largo, complicado y detallado, pero de muy buena voluntad entre el Gobierno nacional y todos los representantes del comercio exterior colombiano que le juegan limpio al país. Hemos consolidado una ponencia unificada, absolutamente crucial, para fortalecer el comercio internacional colombiano y la lucha contra el contrabando. Es un régimen que favorece y que facilita la operación de comercio exterior a todos aquellos actores que le juegan limpio al país y que persigue a aquellos que le juegan mal”, añadió el director de la Dian.
El nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero fortalece la capacidad de respuesta de la autoridad aduanera frente a conductas que afectan la legalidad, establece unas reglas más claras para quienes participan en el comercio exterior, promueve el cumplimiento voluntario de las obligaciones y reduce la incertidumbre en su aplicación, destacó Betancourt Galeano.
La propuesta, que tiene mensaje de urgencia y se espera sea aprobada en primer debate antes del próximo 20 de junio, tiene un impacto directo en la protección del entorno económico al contribuir a cerrar espacios a prácticas como el contrabando, la evasión y el fraude aduanero, que generan distorsiones en el mercado y afectan a los actores que operan dentro de la legalidad.
La iniciativa surgió de la orden de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-072 de 2025 que derogó el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022 y el Decreto Ley 920 de 2023, con los que el Congreso dio facultades al Ejecutivo para expedir normas sancionatorias aduaneras. La Corte consideró que el Legislativo no podía otorgar facultades al Gobierno para expedir códigos completos.