Los paros y bloqueos de carreteras que se han extendido en distintas regiones del país, afectaron a 58.000 pasajeros y generaron pérdidas de $700 millones diarios, señalan empresarios del transporte.
El gremio insiste en la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Gobierno nacional. “El derecho a la protesta debe ser garantizado, pero no puede ejercerse a costa de vulnerar derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo y la seguridad”, señalaron voceros gremiales. La exigencia es que se adopten medidas que restablezcan el orden en las vías, protejan a los usuarios y permitan la operación de un servicio considerado esencial para el país.
Cada cierre implica rutas suspendidas, reducción de frecuencias y miles de usuarios sin alternativas de movilidad. La afectación no se limita a los viajeros: también golpea el empleo. Conductores, personal operativo y administrativo han visto caer sus ingresos de manera drástica ante la parálisis de la operación.
Los bloqueos fueron especialmente fuertes para las pequeñas y medianas empresas. La disminución de la demanda, los sobrecostos por desvíos y los mayores tiempos de recorrido han generado una presión que amenaza con la quiebra de compañías y la pérdida de miles de empleos formales. A ello se suman condiciones de operación que los empresarios califican como inadmisibles: amenazas a la seguridad de los trabajadores, daños a los vehículos y ausencia de garantías para prestar el servicio.
Las cifras ilustran la magnitud del problema. En los dos primeros meses del año se registraron más de 100 bloqueos asociados a paros campesinos y mineros. En los últimos seis días, las interrupciones han dejado más de 58.000 pasajeros afectados y pérdidas superiores a 700 millones de pesos diarios.