La SIC, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, inició investigación administrativa en contra de Farmatodo por posibles infracciones al Estatuto del Consumidor relacionadas con posibles inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto.
A esta conclusión se llegó luego de analizar una serie de quejas y de adelantar actuaciones de oficio que implicó la revisión del contenido del portal web de la compañía.
En esta revisión se resalta que, durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025, se registraron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos de los consumidores relacionados con dobles cobros, cobros no
identificados y pagos duplicados contra esta compañía.
En este sentido, como resultado del análisis de las múltiples reclamaciones presentadas y de las actuaciones de oficio desplegadas, la Dirección de Investigaciones formuló pliego de cargos a Farmatodo por los siguientes comportamientos:
- Posibles fallas en la calidad del servicio de pago. Estas habrían generado
cobros múltiples por una misma transacción, con la consecuente vulneración
del deber de garantizar servicios idóneos y de calidad. - Presunto cobro de precios superiores a los informados en algunos
productos. Esto podría desconocer la obligación legal de respetar el precio
anunciado al público. - Presunto condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto. En
donde Farmatodo habría exigido a los consumidores la presentación de la
factura de compra para ejercer el derecho de retracto lo que devendría en la
imposición de cargas adicionales a las previstas en el Estatuto del
Consumidor.
Esta investigación administrativa se suma a las múltiples actuaciones adelantadas por esta entidad desde la llegada de la Superintendente Cielo Rusinque a su cargo, en el que se ha buscado promover relaciones de consumo transparentes, seguras y acordes con la normativa vigente.
Con este acto administrativo, la Dirección da inicio formal a la investigación y garantizará el derecho de defensa de la sociedad investigada quien podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa.