En calidad de presidente del Consejo Nacional de Economía Popular, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dio apertura a la cuarta sesión ordinaria de este espacio que reúne a entidades del gobierno nacional, a líderes y representantes de organizaciones la economía popular y solidaria con presencia en los territorios, con el propósito de avanzar en la construcción y aprobación de decisiones estratégicas relacionadas con la política pública de economía popular solidaria, social y comunitaria. En esta oportunidad, también se revisaron los avances en la reglamentación de la ley de micronegocios.
Hay cerca de 5,2 millones de micronegocios, según el DANE, de los cuales el 91% son trabajadores por cuenta propia, independientes; y en el 9% restante hay relaciones con empleadores.
Según la actividad económica, la mayoría ejercen en: sector servicios (44%), actividades comerciales (24%) y agricultura (21,3%)
Para las trabajadoras y trabajadores de este sector se necesita una política pública que garantice derechos y fomente el crecimiento con medidas como acceso al crédito formal.
“Desde mi llegada a este Ministerio, he venido fomentando y fortaleciendo este importante sector que agrupa a la inmensa mayoría de las y los trabajadores de Colombia. Con el secretario General, Gersson Castillo y su equipo, activamos en marzo una ruta de trabajo, que nos lleve a consolidar -por primera vez- una política pública para la Economía Popular, Solidaria, Social y Comunitaria, que de mejores soluciones a las necesidades de tantos colombianos”, anotó el ministro.
Agregó: “estamos hablando de una apuesta estratégica y esencial en la agenda del Gobierno del Cambio: la economía popular no es una economía marginal, de segunda o tercera clase, ésta debe ser reconocida y reivindicada en el contexto de la economía colombiana, en tanto impacta y transforma la productividad del país, en una perspectiva democrática”.
El titular de la cartera laboral invitó a las entidades que hacen parte de este Consejo a redoblar los esfuerzos y dijo: “la política pública debe promover el acceso a la protección social. Salud, cotización a pensiones, cesantías, si es posible, pero por lo menos salud, riesgos laborales y pensiones a todos los trabajadores de la economía popular”.
Precisó: “debe ser un esfuerzo estatal, no se le debe delegar a las unidades productivas con las limitaciones y el gran esfuerzo que hacen para sostenerse en el mercado. Estamos hablando que 481.655 micronegocios hacen uso del espacio público, zonas de uso colectivo, donde millones de compatriotas se ganan la vida con dignidad”.
Expuso que desde el Ministerio se ordenó una inspección porque hay vendedores ambulantes que no son trabajadores por cuenta propia, sino que son subcontratados en una suerte de esclavismo por grandes empresas, “vamos a ver si los ponemos en cintura y si logramos superar esa tercerización ilegal y odiosa que presenciamos. Por lo general son adultos mayores de 60 y 70 años en absoluta desprotección y a la intemperie”, puntualizó.
También compartió que el Ministerio del Trabajo ha venido adelantando intervenciones en 14 plazas de mercado, con beneficio directo a 3.000 trabajadores, que desde el Gobierno Nacional se desarrolla un programa para disminuir el costo del recibo de la energía hasta en un 70% denominado “Energía Solar para Economías Populares”, y que desde el SENA se ha impartido formación a 760.000 trabajadores en este año 2025, entre otros avances.