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Agencia Nacional de Minería recupera 147.000 activos productivos del grupo Prodeco

La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que se trata de “uno de los procesos más exigentes y estratégicos de la historia minera del país”, pues el grupo Prodeco terminó sus operaciones en Colombia a finales de 2024.

​Agregó la entidad que “la liquidación y reversión de los contratos del grupo Prodeco, mediante la cual más de 147.000 activos entre inmuebles, equipos, maquinaria e inventarios, pasarán a manos del Estado en condiciones de operatividad”.

Al respecto, Lina Franco, presidenta de la ANM, explicó: “Estamos culminando una tarea histórica para la minería colombiana. Este proceso exige coordinación interinstitucional, rigor técnico y compromiso con la transparencia”.

Según la ANM, el trámite se originó en 2021 cuando Prodeco renunció a los contratos de explotación de carbón en las minas La Jagua y Calenturitas, en el departamento del Cesar.

Desde entonces, la ANM ha adelantado el proceso legal de liquidación y se ha enfocado en la reversión de los bienes bajo el seguimiento continuo de la Contraloría General de la República, aplicando un modelo de gestión pública transparente y con control preventivo en cada etapa.

Posteriormente, tras el control de advertencia emitido por la Contraloría en enero de 2024, la ANM implementó acciones técnicas, jurídicas y administrativas para mitigar riesgos y garantizar la valoración, planeación y administración adecuada de los bienes revertidos, los cuales integran el patrimonio de todos los colombianos.

Como parte de este proceso, la entidad fortaleció el trabajo conjunto con autoridades ambientales y entidades del Gobierno nacional, con el objetivo de que las decisiones sobre el futuro de estos activos generen impactos positivos en el Cesar y beneficien a las comunidades mineras de la región.

La Agencia Nacional de Minería aseguró que, con estas acciones, reafirma su compromiso con una minería moderna, responsable y sostenible, que protege los intereses del país, fortalece la transparencia institucional y promueve la confianza ciudadana en la gestión pública.

 

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