La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, envió una carta al Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, en la que solicitó el acompañamiento del Ministerio Público para, junto a las autoridades locales del área metropolitana de Bucaramanga, buscar una solución que garantice la prestación del servicio de transporte público masivo en esa región del país.
La jefe de cartera afirmó que la crisis de movilidad en el territorio santandereano afecta los derechos fundamentales de los usuarios y esto se da “por las actuaciones y omisiones de las autoridades municipales responsables de garantizar el servicio”, mencionó.
De igual manera, el Ministerio de Transporte ha hecho acompañamiento para que se tomen las acciones necesarias que permitan solucionar la grave situación.
“Tenemos el máximo interés y compromiso en que se ofrezcan alternativas por parte de los municipios del área de influencia para que se preste un servicio en condiciones de seguridad, calidad y cobertura. Hemos realizado un seguimiento continuo para que desde el territorio se tomen las acciones necesarias que garanticen la justicia en la movilidad”, detalló la ministra.
En este sentido, solicitó que se suspendiera el estudio de liquidación hasta tanto se presente una serie de información que incluye, entre otras cosas, un plan de contingencia que garantice la operación y el uso de infraestructura construida con recursos del convenio de cofinanciación suscrito con la nación.
Igualmente, un análisis de por qué otras ciudades con Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) que pasaron por circunstancias similares, encontraron salidas para mantener el ente gestor renegociando los pasivos y priorizando la prestación del servicio, precisando por qué en el área metropolitana de Bucaramanga esto no es posible.
Se advierte además que el Gobierno nacional ha invertido $977.000 millones para el pleno funcionamiento del sistema, reiterando que a pesar de ello hoy se presentan deficiencias en la operación por parte del concesionario Metrocinco, que no cuenta con la flota necesaria para prestar el servicio. Sumado a lo anterior, algunos de los municipios no han hecho el esfuerzo presupuestal suficiente para cubrir los gastos que permitan el pleno funcionamiento.