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Petro ordena ‘actuar de inmediato’ frente a demanda de embargo de cuentas del Estado por EPM

El presidente Gustavo Petro se refirió en contra de la decisión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de embargar cuentas de la Nación, calificándola como una acción política que atenta contra los intereses de Medellín, Antioquia y del país.

“EPM, que es una empresa pública, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. Esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir. El presidente tiene la función constitucional de control y vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del Presidente”, declaró el mandatario.

Petro hizo un llamado a la Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y al Ministro de Minas y Energía para que actúen de inmediato ante esta situación. Además, señaló que esta medida hace parte de un intento de sabotaje financiero por parte de sectores políticos opositores.

A través de su cuenta en X, el Ministro de Minas y Energía respaldó la postura del presidente, calificando el embargo como una “maniobra política y electoral” impulsada por el alcalde de Medellín. Además, sostuvo que la decisión viola las normas del gobierno corporativo de EPM y se basa en una orden judicial que puede ser impugnada, pues las cuentas de la Nación son inembargables. “El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de las nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”, indicó.

“Esa es una acción política”, dijo el mandatario y agregó que esto “no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir”.
El jefe de Estado recordó que el presidente de la República “tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente, por política y sectarismo político”.
“Entonces le pido aquí a Angie (Lizeth Rodríguez, directora del Dapre) que tome las medidas que hay que tomar. Ministro de Minas y Energía (Edwin Palma), hay que tomarlas. Entonces debe actuar de inmediato”, puntualizó el jefe de Estado.