El reciente Decreto 415 de 2026, emitido por el Gobierno Nacional para acelerar el flujo de recursos hacia Colpensiones, fue llevado ante los tribunales por Asofondos.y el Consejo de Estado decidió suspender parcialmente el decreto en cuestión.
Se radicó una demanda de nulidad contra el acto administrativo que pretendía obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, a girar $25 billones de los recursos de quienes se acogieron al “traslado de oportunidad”. Según el decreto, 50% del capital debía entregarse en 20 días y el resto en los 10 días siguientes.
La demanda presenta una batería de argumentos legales, entre los que destacan: exceso de potestad reglamentariam, el Ejecutivo habría intentado “reescribir” la ley en lugar de solo reglamentarla; riesgo financiero, se cuestiona la urgencia del Gobierno por obtener liquidez inmediata a costa de cambiar las reglas de administración de los ahorros.
El demandante sostiene que esta medida es un “salto al vacío” normativo y rrgumenta que, según las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo gestión de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión, y no ser captado de forma anticipada por el Estado.
Asegura que hay desviación de poder, se sugiere que el decreto busca asegurar flujos financieros antes de que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la Ley 2381 de 2024.