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Alcaldes tienen la responsabilidad de destrabar el paro mediante decisiones sobre el impuesto predial advierte Petro

El presidente Gustavo Petro al hacer presencia en Ipiales, se refirió a la tensión comercial con Ecuador y afirmó que Colombia no impondrá aranceles del 100% a los productos de ese país. “No hay aranceles al 100%… no somos tan tontos”, señaló. En su lugar, indicó que el Gobierno aplicará “subsidios y aranceles” para responder a la situación.

Durante un consejo de ministros, el mandatario cuestionó decisiones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y sostuvo que la actual “guerra” comercial ha sido impulsada por acciones que afectan la relación bilateral. También aseguró que el cierre de la frontera y las restricciones al comercio formal favorecen economías ilegales. “Cerrar la frontera es entregarla a la mafia”, afirmó.

El presidente vinculó la situación económica con factores como la caída del dólar, decisiones del Banco de la República y medidas adoptadas por Ecuador. Según explicó, la revaluación del peso encarece las exportaciones colombianas y favorece las importaciones, lo que, en su análisis, implica salida de recursos hacia otros países.

En ese contexto, anunció que los productos necesarios para el país tendrán arancel del 0%, mientras que los bienes que puedan producirse en Colombia, pero que actualmente se importan desde Ecuador, serán impulsados mediante subsidios. Además, informó que se fortalecerá el apoyo a fertilizantes para proteger la producción agrícola.

En materia de seguridad, el mandatario ordenó presencia del Ejército en la frontera, incluida la zona selvática, para evitar el control de organizaciones ilegales. También instruyó a la Fuerza Pública garantizar derechos humanos en protestas y desbloquear vías. “El alimento debe pasar”, dijo, al referirse al abastecimiento.

El Gobierno colombiano, a través de la canciller encargada Juana Castro, señaló una serie de acciones adoptadas por Ecuador de manera unilateral, entre ellas la no habilitación del paso en el puente sobre el río Mataje, la demolición de infraestructura en Nariño, la deportación de cerca de 800 colombianos sin protocolo de repatriación, restricciones sanitarias a exportaciones pecuarias, el cierre parcial de fronteras y la imposición de un arancel del 27% a productos colombianos, así como el incremento en tarifas del oleoducto.

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