El Gobierno nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, ha avanzado de manera sostenida en la implementación de diversas estrategias y mecanismos de regularización para garantizar los derechos y la integración de la población migrante venezolana en el país.
Con el fin de superar las limitaciones identificadas para padres y acudientes de menores que podían obtener el Permisos por Protección Temporal (PPT), el Gobierno implementó el Permiso Especial de Permanencia PEP-TUTOR, dirigido a representantes legales y custodios, asegurando la continuidad en la protección de las familias migrantes.
En cumplimiento de la Sentencia T-166 de 2024, se habilitó nuevamente el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), que estuvo habilitado desde el 29 de mayo de 2021 hasta el 24 de noviembre de 2023 para el preregistro virtual y el registro biométrico presencial, y se reconocieron circunstancias de fuerza mayor para quienes no pudieron completar el proceso dentro de los plazos establecidos en el Decreto 216 de 2021 y la Resolución 971 de 2021.
Desde mayo de 2021, el Estado colombiano ha entregado 2.113.830 Permisos por Protección Temporal (PPT) a ciudadanos venezolanos, facilitando su acceso a servicios públicos y privados. Del total de 2.164.860 PPT autorizados, 51.030 aún no han sido reclamados por los solicitantes.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la Resolución 12509 de 2024, creó la categoría de visa de visitante “V – Visitante Especial”, un instrumento de normalización y regularización migratoria aplicable a nacionales venezolanos.
Asimismo, desde el primero de julio de 2025, los ciudadanos en proceso de solicitud de refugio y con Salvoconducto SC-2 pueden ejercer actividades y ocupaciones lícitas en el país, fortaleciendo su autonomía y su integración socioeconómica.
Estas medidas excepcionales complementan el régimen ordinario de visados establecido en la Resolución 5477 de 2022, demostrando el compromiso del Estado con una política migratoria flexible, humanitaria y coherente con los estándares internacionales de protección.
En línea con estos esfuerzos, la Ley 2466 de 2025 garantiza condiciones de trabajo decente y digno para los trabajadores migrantes, consolidando un marco de inclusión laboral y de respeto a los derechos fundamentales.
El Gobierno nacional reafirma que sí ha cumplido con sus compromisos en materia de integración y regularización migratoria, a través de instrumentos innovadores que reflejan una política de puertas abiertas y de reconocimiento de la movilidad humana como oportunidad de desarrollo.