La decisión fue adoptada en la IV Sesión de la Mesa de la Triple Frontera Amazónica, un espacio de articulación entre Colombia, Brasil y Perú, reactivado en 2024 tras 19 años de inactividad.
Esta estrategia conjunta busca enfrentar de manera decidida la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en una de las regiones más vulnerables de América del Sur.
El Plan de Acción Trinacional que fue aprobado se estructura sobre tres ejes fundamentales: prevención territorial con enfoque diferencial; atención integral a las víctimas con fortalecimiento de la investigación; y judicialización articulada, integrando capacidades institucionales y saberes comunitarios para garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos en contextos fronterizos.
El encuentro fue liderado por el viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, y de la subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata, Angelica Palacios, quienes impulsaron, a nombre del Gobierno Nacional, en la consolidación del Plan de Acción Trinacional.
“Desde el Gobierno Nacional reconocemos la importancia de haber participado activamente en esta IV Mesa de la Triple Frontera, porque nuestro compromiso, al igual que el de ustedes, fue lograr la aprobación del Plan de Acción Trinacional, fundamental para enfrentar un delito que vulnera diariamente los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestros tres países. Hoy contamos con un plan aprobado y articulado para implementarse en los territorios”, señaló el viceministro Berdugo.
La participación de las entidades que conforman el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas junto a la Fundación Renacer, fueron fundamentales durante el desarrollo de la jornada, quienes junto al Ministerio del Interior reafirmaron en el territorio la labor del Gobierno nacional.
De igual manera, las autoridades de Brasil y Perú, incluyendo la vicepresidencia del Tribunal de Justicia de Amazonas y las alcaldías provinciales peruanas, reafirmaron su compromiso con una respuesta coordinada frente a la trata de personas y la explotación sexual infantil. Esta visión compartida también incorporó la participación activa de más de 20 comunidades indígenas, cuyo rol fue reconocido como esencial en la construcción del plan aprobado.
“Debemos seguir fortaleciendo las capacidades interinstitucionales frente a este delito. En el marco de esta gran confraternidad que nos convoca como países, es fundamental seguir sumando esfuerzos conjuntos para enfrentar las fuerzas oscuras del tratante, que busca convertir al ser humano en un objeto comercial, especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló Angelica Palacios, subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior.