El Gobierno entregó un nuevo rancho-cocina en la Penitenciaría de Cartagena, con el que se beneficiarán más de 2.000 personas privadas de la libertad.
Esta intervención fue liderada por el ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de habitabilidad y garantizar derechos fundamentales como la alimentación digna y saludable.
La obra representó una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos y hace parte de un conjunto de intervenciones orientadas a dignificar la vida al interior de los centros penitenciarios. La infraestructura del nuevo rancho-cocina fue diseñada bajo parámetros técnicos modernos y contempla áreas destinadas al almacenamiento de alimentos secos y refrigerados, zona de alistamiento y procesamiento, comedor, bodega y espacio para residuos.
Con este nuevo espacio se busca garantizar un mejor manejo en los procesos de preparación de alimentos, asegurar estándares de higiene adecuados y optimizar la logística interna del penal. La iniciativa responde al compromiso del Gobierno del Cambio de intervenir las cárceles no solo desde el enfoque de seguridad, sino con una perspectiva de derechos humanos y justicia restaurativa.
Además de la mejora directa en las condiciones sanitarias y de almacenamiento, el rancho-cocina permitirá reducir tiempos de distribución de los alimentos y asegurar una mayor calidad en la atención alimentaria. Este tipo de obras representan un paso clave para asegurar el cumplimiento de estándares internacionales que exigen condiciones mínimas para las personas privadas de libertad.
La entrega fue destacada como un avance en la transformación estructural del sistema penitenciario, especialmente en una ciudad como Cartagena, cuya penitenciaría ha estado históricamente entre las más congestionadas del país. El fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria es uno de los ejes del plan de trabajo del INPEC y del ministerio de Justicia, enfocado en reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida dentro de los establecimientos carcelarios.
El ministerio de Justicia ha señalado que este tipo de proyectos se seguirán desarrollando en otros centros penitenciarios del país. Esta política busca superar décadas de abandono en infraestructura carcelaria y promover un enfoque centrado en la dignidad humana y la resocialización de los internos.
La entrega de este rancho-cocina en Cartagena no solo impacta de forma directa a las personas privadas de la libertad, sino que también fortalece el trabajo del personal administrativo y operativo del penal, que contará con mejores condiciones para el ejercicio de sus funciones. Esto se traduce en una mejora integral del funcionamiento del sistema penitenciario local.
Este tipo de acciones muestran cómo el Estado puede responder de forma concreta a los desafíos del sistema penitenciario mediante la inversión pública y la articulación interinstitucional. El Gobierno del Cambio continúa implementando medidas estructurales que garanticen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos quienes se encuentran en contextos de reclusión.
Con esta entrega, el Gobierno reafirma su compromiso con una política penitenciaria humanista y transformadora, que busca cerrar brechas históricas y avanzar hacia un modelo de justicia que respete la dignidad humana, promueva la inclusión y contribuya a la construcción de paz.