La Procuraduría General de la Nación exhortó a las gobernaciones, alcaldías municipales y distritales, y a los organismos de tránsito del país a fortalecer la implementación de la Ley 1730 de 2014, con el fin de avanzar en la descongestión de los vehículos inmovilizados que permanecen abandonados en los patios y prevenir los riesgos ambientales, administrativos y económicos que genera esta problemática. Asimismo, instó al Ministerio de Transporte a continuar fortaleciendo la asistencia técnica a las entidades territoriales.
La actuación preventiva adelantada por la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública evidenció la acumulación de vehículos abandonados durante dos, tres y hasta más años en patios de distintas entidades territoriales, situación que afecta la capacidad operativa de las autoridades de tránsito y genera impactos ambientales y fiscales.
También se identificaron deficiencias en los inventarios, dificultades para identificar y notificar a los propietarios, limitaciones de personal y presupuesto, ausencia de operadores en algunas regiones y barreras jurídicas que retrasan la aplicación de la Ley 1730 de 2014. Además, en varias entidades las medidas de gestión ambiental resultan insuficientes para prevenir la contaminación de suelos, el manejo inadecuado de residuos peligrosos y otros riesgos asociados a la permanencia prolongada de los vehículos.