La Nueva EPS presentó al camio de Gobierno, radicación de sus estados financieros de 2024, que reportan pérdidas por $4,8 billones y pasivos que ascienden a $22,5 billones, más del doble de sus activos. El balance muestra que cerca del 90 % de lo que figura como patrimonio corresponde a cuentas por cobrar, principalmente al Estado, lo que significa que buena parte de esos recursos aún no está disponible para pagar a hospitales y clínicas.
La entidad registra $9,51 billones en cuentas por cobrar, de los cuales $5,49 billones corresponden a la cuenta denominada “Deudores del Sistema” y $1,14 billones a recobros de servicios no financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). De ese monto, $967.362 millones llevan entre dos y tres años pendientes de pago y otros $17.277 millones acumulan más de cinco años sin desembolso.
Las cifras reflejan impacto directamente en la red de atención: Nueva EPS tiene $4,21 billones en servicios de salud ya prestados y facturados que no ha podido pagar, cifra que aumentó 266 % frente a 2023. Las reservas técnicas alcanzaron $11,5 billones, mientras que $254.427 millones permanecen restringidos por embargos judiciales.
Durante 2024, la EPS recibió ingresos por $22,2 billones, principalmente por la UPC, pero gastó $26,4 billones en atención médica. En términos prácticos, por cada $100 recibidos terminó gastando $119, lo que explica el déficit acumulado. El patrimonio cerró en – $11,9 billones.
La crisis financiera de la EPS ya afecta a clínicas de referencia como la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal), que denunció una deuda de $430.000 millones y advirtió que la operación se ha vuelto inviable. “La deuda es de 430 mil millones que ya casi nos colocan en una organización inviable”, señaló Jorge Ricardo León Franco, director general de la institución. Foscal indicó que requiere un flujo mensual de $80.000 millones para sostener la atención de más de 100.000 urgencias, 45.000 hospitalizaciones y 42.000 cirugías al año.
El interventor Jorge Iván Ospina Gómez afirmó que la radicación de los estados financieros busca transparencia y “aleja el fantasma de la liquidación”, al reconocer obligaciones acumuladas de años anteriores. Según la EPS, cerca de $8,7 billones corresponden a giros de ADRES y partidas pendientes de conciliación, lo que podría reducir el valor definitivo de las obligaciones con la red prestadora.