En un firme compromiso por garantizar que los servicios del Estado sean accesibles y justos, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), anunció la actualización de las tarifas registrales para este año.
Frente a las versiones que sugerían incrementos desproporcionados cercanos al 23%, la Supernotariado determinó que el ajuste es solo del 5,1%, cifra correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.
Este esfuerzo asegura que trámites esenciales, como la obtención del Certificado de Tradición y Libertad, no se conviertan en una carga excesiva para la economía popular.
Justicia social en el servicio público
La actualización, que entró en vigencia el pasado lunes 2 de febrero, se basa en los principios de equidad y proporcionalidad. Al utilizar la Unidad de Valor Básico ($12.110) y el IPC (5,10%) como cálculo, el Gobierno del Cambio evita que la inflación golpee con fuerza los trámites asociados a las propiedades.
“Nuestra prioridad es que el acceso a la seguridad jurídica de la tierra y la vivienda sea un derecho real, no un privilegio costoso. Por eso, hemos blindado estas tarifas para que se mantengan justas y al alcance de todos los colombianos”, señaló Alfonso García, superintendente delegado para el registro.
Tarifas clave para el ciudadano
A partir de febrero, algunos de los valores establecidos para los servicios físicos y digitales serán:
- Certificado de tradición y libertad electrónico: $23.000 (fomentando el ahorro y la digitalización).
- Certificado de tradición y libertad físico: $24.300.
- Certificado de no propiedad electrónico: $12.000.
- Actos sin cuantía: $29.500.
Prioridad para los más vulnerables y el campo
Fiel a la política de dignificación de la vida y justicia agraria, la Superintendencia mantiene tarifas especiales con reducciones de hasta el 50% y exenciones totales para:
- Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP).
- Procesos de Reforma Agraria y formalización de la propiedad rural.
- Actuaciones para la protección de la memoria histórica y reparación de víctimas del conflicto.
Con estas medidas, el Gobierno nacional no solo moderniza el sistema registral mediante el catastro multipropósito, sino que consolida un Estado eficiente que acompaña el sueño de los colombianos de tener un título de propiedad seguro, ágil y, sobre todo, a un precio justo.