La Corte Constitucional atraviesa un momento clave en el debate sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
El 24 de noviembre, la Sala Plena aceptó la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, lo que lo aparta del proceso y abre paso a la intervención de un conjuez. La decisión se produce tras un empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra de la ponencia que buscaba declarar inconstitucional la iniciativa, dejando en suspenso el futuro del sistema pensional.
El abogado Carlos Pablo Márquez fue designado como conjuez para desempatar la discusión. Márquez, quien se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), asumirá el estudio del expediente D-15989 en reemplazo de Carvajal. Su papel será decisivo, pues de su voto dependerá si la reforma se mantiene o se cae.
La recusación contra Carvajal fue presentada por la senadora Paloma Valencia y el concejal Daniel Briceño, quienes argumentaron que el magistrado no se declaró impedido pese a haber trabajado con Colpensiones y ser cercano al presidente Petro. Ambos celebraron la decisión, señalando que garantiza imparcialidad en el trámite.
Gobierno se pronuncia
El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que algunos sectores de la Corte Constitucional estarían impulsando maniobras para hundir la reforma pensional aprobada por el Congreso, advirtiendo que un fallo adverso sería “un gran insulto a la idea de construir un Estado social de derecho”.
El mandatario aseguró que existe “una terrible aversión” hacia el derecho de los trabajadores a pensionarse y cuestionó que incluso el rechazo político hacia su Gobierno pueda estar afectando la visión sobre los adultos mayores del país. “No sé si el odio a Petro los lleva a odiar a los viejos y viejas de Colombia”, escribió.
El jefe de Estado también alertó que, si la reforma es tumbada, los fondos privados de pensiones podrían verse abocados a la quiebra. Asimismo, calificó como “absurdo” el argumento según el cual la ley habría incumplido requisitos de forma, como la exigencia de mayorías durante los anuncios de votación.
Según dijo, esa interpretación “borra años de trabajo legislativo” y cuestionó la participación del magistrado Héctor Carvajal: “No participó para nada en las actuaciones de forma del Congreso”.
El mandatario afirmó que este escenario corresponde a “un movimiento político, no jurídico” orientado a frenar la reforma. Por ello, insistió en que debe avanzar la instalación del comité que reunirá las firmas para convocar una asamblea constituyente.
