Eliminar los aranceles a las telas y cueros importados para fortalecer la industria de confecciones ha generado debate en el sector productivo colombiano y el rechazo a quitar aranceles.
El Gobierno sostiene que la medida busca expandir la producción textil y del cuero, productores de algodón advierten que la decisión podría tener un impacto negativo en la cadena nacional de valor, desde la hilatura hasta la agricultura.
La ministra de Comercio, Diana Morales, defendió la iniciativa en redes sociales y señaló que las medidas responden a varios frentes para impulsar la reindustrialización y que, desde esa cartera, estiman que no afectarán la producción nacional. Sin embargo, dentro del propio gabinete hay diferencias: el Ministerio de Agricultura presentó objeciones y observaciones a uno de los decretos, advirtiendo sobre los posibles efectos adversos en los eslabones del algodón y la hilatura.
En la industria avisan con cifras y escenarios concretos. Conalgodón explicó que en Colombia hay tres hilanderías y advirtió que, si las importaciones de hilos de algodón quedan con arancel cero, “estas empresas cerrarán sus operaciones y desaparecerá el mercado interno de fibra de algodón”. Asociaciones de productores estiman además pérdidas productivas que podrían rondar las 20.000 toneladas de fibra, según los cálculos que han hecho públicos en las últimas horas.
El gremio de exportadores Analdex sumó otra preocupación: sin capacidad de hilatura nacional será difícil cumplir las normas de origen exigidas por mercados como el estadounidense, lo que podría limitar el acceso preferencial de confecciones colombianas a destinos clave. Esa restricción afectaría tanto a empresas exportadoras como a la demanda de insumos locales.
Los productores subrayan que la decisión puede favorecer a las cadenas de confección que usan insumos importados —que podrían reducir costos en el corto plazo— pero advierten que esa ganancia inmediata puede venir acompañada de la pérdida irreversible de capacidad productiva en la hilatura y la industria algodonera, con efectos en el empleo y en la sustentabilidad del suministro de fibra nacional.
La polémica también plantea un dilema de política industrial: favorecer la competitividad de la manufactura textil mediante insumos externos o proteger y consolidar los eslabones agroindustriales que proveen materia prima y generan empleo rural. A corto plazo, el debate seguirá concentrado en la interpretación de los decretos, las compensaciones que el gobierno ofrezca a los productores y en las decisiones empresariales sobre inversión y continuidad operativa.
Gobierno, gremios y ministerios trabajan ahora en mesas técnicas y comunicaciones públicas para intentar cerrar diferencias; en el centro del debate está la pregunta por si la apertura arancelaria podrá coexistir con la preservación de un sector algodonero que, según sus representantes, aún tiene capacidad de aportar valor y empleo en el país.