La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la grave situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país, tras adelantar un operativo de policía judicial y analizar información entre 2022 y el primer semestre de 2025.
De acuerdo con el informe, en la EPS se acumulan $10,5 billones en anticipos pendientes por legalizar y $8,7 billones en facturas de servicios de salud sin procesar, lo que genera serias inconsistencias en el manejo de los recursos del sistema. Además, el saldo de cuentas por pagar asciende a $21,37 billones, comprometiendo la sostenibilidad financiera de la entidad y, con ello, del sistema de salud en su conjunto.
El ente de control advirtió que “el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, las falencias en la contratación de prestadores y las deficiencias en la constitución de reservas técnicas comprometen la liquidez de la entidad”.
Durante la investigación, la Contraloría identificó también problemas en la validación de facturas y en los soportes contractuales. Según el informe, existen más de 22,7 millones de registros de facturación por un valor de $22,1 billones, de los cuales $13,2 billones siguen pendientes por procesar. Incluso, se detectó que el 40% de este monto se concentra en 36 prestadores de salud, lo que eleva los riesgos financieros en caso de incumplimientos o litigios.
El organismo de control señaló además que la EPS “no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud”, lo que limita la verificación oportuna de los procesos.
Como parte de la actuación, la Contraloría recopiló 4.524 archivos con información técnica, administrativa, jurídica y financiera, realizó entrevistas e inspecciones, y revisó evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025.