La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia anunció la puesta en marcha del Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales y/o Custodios (PEP Tutor) que podrá solicitarse entre el primero de septiembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.
La iniciativa, que se estableció mediante el Decreto 1209 de 2024 y reglamentado por la Resolución 2451 de 2025, permitirá a los representantes legales de niñas, niños y adolescentes venezolanos en el país acceder a un estatus migratorio especial que les faculta permanecer y desarrollar actividades legales en Colombia.
“Con el PEP Tutor, el Gobierno del Presidente Petro busca facilitar la integración social y el acceso a derechos fundamentales de esta población, a su vez, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que permanezcan en el territorio colombiano”, manifestó la directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero López.
Requisitos principales
Podrán acceder los migrantes venezolanos que sean representantes legales o custodios de menores titulares de un PPT vigente al 31 de diciembre de 2023, no tengan antecedentes penales ni sanciones migratorias vigentes, y no sean titulares de PPT o visa.
Proceso de solicitud
El trámite se desarrollará en varias fases: registro en línea en el Formulario Único de Trámites (FUT), diligenciamiento de encuesta socioeconómica, agendamiento de cita, validación presencial y registro biométrico. Migración Colombia evaluará la información y notificará en un plazo máximo de 30 días si la solicitud fue aprobada. En caso afirmativo, el solicitante deberá cancelar $ 65.000 COP para la expedición del documento, el cual deberá reclamarse personalmente.
Vigencia y cobertura
El PEP Tutor tendrá vigencia hasta el 30 de mayo de 2031, sin posibilidad de prórroga. Inicialmente se implementará en diez ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Maicao, Pasto, Cali, Cúcuta y Arauca.
Este nuevo permiso refleja el compromiso del Estado colombiano con la protección de la niñez migrante y la integración legal de sus familias, en coherencia con la política de derechos humanos y movilidad segura del Gobierno.