Por presuntas deficiencias en la fase de planeación del contrato de obra para la construcción y mejoramiento de salones comunales en Ibagué, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía, ya que al parecer dicho contrato, suscrito por un valor de $2.157.713.967, habría presentado inconsistencias que podrían comprometer la adecuada gestión de los recursos públicos.
Según la observación del informe técnico que dio origen a la indagación, en el presupuesto anexo al clausulado contractual se identificó que el porcentaje asignado al rubro de Administración (AIU) fue del 25,19 %, sin que se adjuntara un desglose que detallara el destino de dichos recursos o los conceptos específicos a los que serían aplicados.
Adicionalmente, el Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió sobre una posible demora injustificada en el inicio del contrato, dado que, aunque fue legalizado el 5 de enero de 2024, su acta de inicio solo fue firmada el 17 de julio de 2024, pese a tener un plazo de ejecución de 150 días calendario.
Esta situación respondería, presuntamente, a la falta de permisos esenciales al momento de la firma del contrato, como el de aprovechamiento forestal y la viabilidad ambiental necesaria para ejecutar la tala de árboles prevista dentro del alcance del proyecto.