
Los gremios que agrupan al sector de energía eléctrica y gas natural en Colombia, ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA, remitieron una carta conjunta a los ministros de Hacienda, Diego Alejandro Guevara, y de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho solicitando opción tarifaria y subsidios de energía y gas.
En la carta, expresan preocupación por las consecuencias derivadas del archivo del proyecto de Ley de Financiamiento en el Congreso y los anuncios realizados por el Gobierno Nacional tras este hecho.
Los gremios destacan que el archivo de esta iniciativa y los anuncios posteriores generan una gran incertidumbre sobre dos temas fundamentales para el sector y los usuarios: el pago de la deuda de la opción tarifaria y el oportuno giro de los subsidios para los servicios energía eléctrica y gas natural para la vigencia 2024 y la apropiación presupuestal correspondiente de los recursos requeridos para 2025.
Por lo tanto, con el objetivo de encontrar de manera urgente soluciones a tales problemáticas, incluyendo los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras, y evitar un impacto negativo sobre los usuarios y el sector, los gremios solicitan una reunión con ambos ministros para aclarar las imprecisiones generadas a partir de los recientes acontecimientos y pronunciamientos públicos.
En la carta, los gremios mencionaron que es cierto que el Gobierno Nacional, mediante el artículo 14 del proyecto de Ley de Financiamiento, planteó la posibilidad de reconocer como deuda pública los saldos adeudados por los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras, como resultado de la aplicación de la opción tarifaria regulatoria establecida por la Resolución 012 de 2020 de la CREG, durante el anterior y el presente Gobierno.
Es importante destacar que la promesa del Presidente de la República de asumir esta deuda fue realizada en mayo de 2024, mucho antes de que se presentara el proyecto legislativo el 10 de septiembre del mismo año. Este compromiso, que parecía requerir una acción inmediata, no estaba condicionado a la aprobación de la Ley de Financiamiento, cuyo propósito principal era generar nuevos ingresos, no incrementar el gasto público. Desde entonces, los gremios han respaldado la promesa presidencial y han insistido en que el artículo necesario para hacer viable este pago se tramite a través de un proyecto de ley independiente, compuesto por un solo artículo y con mensaje de urgencia, para asegurar su pronta aprobación.
Los gremios también mencionaron que, al condicionar innecesariamente la aprobación de este artículo a la Ley de Financiamiento, el Gobierno ha puesto en riesgo el cumplimiento de una promesa vital para los usuarios, que bien puede incluirse en el Decreto de adopción del presupuesto, haciendo para ello los ajustes correspondientes a la planeación que este contiene. Actualmente, la totalidad de la deuda por concepto de opción tarifaria de energía eléctrica asciende a $3,4 billones de pesos, suma que seguirá siendo trasladada a los usuarios a través de las tarifas, dado que a la fecha no se ha definido el mecanismo legal para que el Gobierno asuma la deuda que planteó pagar.
