Ante la posible liquidación de EPS con participación de las Cajas de Compensación Familiar tras recientes anuncios del Presidente, Asocajas informó sobre el tema.

Con la medida de intervención forzosa para administrar las EPS que tienen participación de las Cajas de Compensación Familiar, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, sus representantes fueron removidos de los órganos de Gobierno Corporativo. Lo anterior significa que las Cajas no tienen actualmente ninguna injerencia o participación en las decisiones administrativas, financieras, técnicas y estratégicas de las EPS intervenidas donde tienen participación accionaria (Nueva EPS, Saviasalud, Famisanar y Servicio Occidental de Salud -SOS).

En consecuencia, todas las decisiones administrativas de las EPS intervenidas son ejercidas de manera autónoma por los agentes interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.

Con base en la información pública de la Supersalud, Asocajas evidencia que las intervenciones a las EPS no han logrado restablecer las condiciones que motivaron la medida. Por el contrario, han profundizado el deterioro financiero de las EPS con participación de las Cajas de Compensación Familiar: en todos los casos, su situación es hoy más crítica que antes de la intervención.

Entre 2022 y 2025, la deuda de estas entidades se ha incrementado de manera significativa —superior al 70% en varios casos—, lo cual refleja un desbalance persistente entre ingresos, costos de atención y obligaciones y evidencia problemas estructurales de suficiencia financiera y de gestión.

Las EPS con participación de las Cajas que no han sido objeto de medidas de intervención también registran un deterioro acelerado en 2025. Esto confirma que no se trata de fallas aisladas, sino de una crisis estructural de sostenibilidad del Sistema de Salud, cuyos signos ya eran evidentes desde antes de 2022.

Esta situación se traduce en un empeoramiento real en el acceso a los servicios de salud, evidenciado en el crecimiento sostenido de las peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios del Sistema, y esta tendencia demuestra que las medidas adoptadas no están protegiendo de manera efectiva a los afiliados.

El caso de la Nueva EPS es particularmente crítico: a agosto de 2025 registraba 626 peticiones quejas y reclamos por cada 10.000 afiliados, en una tendencia creciente que persiste pese a más de dos años de intervención, a lo cual se suma la ausencia de información financiera completa, lo que genera incertidumbre, limita la transparencia y dificulta la toma de decisiones para los agentes interventores en un momento crítico para el Sistema.

Toda esta situación impacta de manera directa el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), dado que desde 2024 no se ha reportado información sobre los costos en salud de la Nueva EPS que atiende a cerca de 11 millones de afiliados —más del 20% del total del Sistema-, hecho que ha sido señalado por el propio Ministerio de Salud.

Estos resultados obligan a una revisión profunda de la estrategia de intervención y la adopción de medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad financiera del Sistema y, sobre todo, el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud para los usuarios.

La responsabilidad sobre estas decisiones recae exclusivamente en el Gobierno Nacional, tanto en la garantía de la suficiencia de los recursos destinados al aseguramiento en salud como en la gestión de las intervenciones. Es importante reiterar que la toma de decisiones financieras, técnicas y estratégicas de la Nueva EPS no han estado bajo el resorte de las Cajas de Compensación Familiar desde el momento de su intervención en 2024.