El Ministerio del Interior rechaza de manera categórica cualquier amenaza, hostigamiento o acto de intimidación que pretenda obstaculizar o poner en riesgo el ejercicio de las funciones de la Defensoría del Pueblo, así como de las organizaciones nacionales e internacionales que desarrollan labores de prevención de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
La labor de advertencia temprana, el acompañamiento a las comunidades y la defensa de los derechos fundamentales que adelantan estas entidades se enmarcan en el mandato constitucional y legal, y se ejercen con independencia, imparcialidad y autonomía. Por tanto, no pueden ser objeto de presiones ni represalias.
El trabajo de estos servidores y servidoras, junto con el de los defensores y defensoras comunitarias, cuenta con especial protección en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Cualquier acción que busque impedir o interferir en esta misión representa una afectación al Estado Social de Derecho y a los principios del Derecho Internacional Humanitario, en especial la protección a la población civil.
El Ministerio hace un llamado a todos los actores presentes en los territorios para que se garanticen las condiciones necesarias que permitan el ejercicio pleno de estas funciones, en beneficio de las comunidades.
A través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), se continuará fortaleciendo la articulación institucional para la prevención de riesgos y la protección de la vida. En coordinación con el sector defensa y la Unidad Nacional de Protección, se reforzarán las medidas dirigidas a las comunidades en situación de riesgo, con respuestas oportunas frente a las alertas emitidas.
Las acciones del Gobierno nacional seguirán orientadas a consolidar una seguridad desde los territorios, con enfoque en la protección de los derechos humanos y la convivencia.