La decisión adoptada por la entidad, por primera vez, busca, al lado de diversas tareas estratégicas activadas para proteger la democracia, blindar el ejercicio civil de cualquier amenaza o alteración técnica.
De acuerdo con un comunicado de prensa expedido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se ha recibido información que indica una incongruencia crítica entre la información presentada inicialmente por los partidos políticos y los datos generados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Los reportes indican discrepancias en la ubicación geográfica exacta de los sitios donde los testigos deben ejercer su tarea. La información recibida sugiere que aproximadamente 300 ciudadanos designados para la vigilancia del voto quedarían inhabilitados de facto, al aparecer registrados en ciudades o puestos de votación diferentes a los inicialmente previstos”, denunció.
Por esta razón, la DNI hizo un llamado “a las autoridades electorales, en particular al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que informen de manera clara, transparente y técnica a la opinión pública sobre el origen real de esta falla”.
“Es imperativo establecer si se trató de un error de los partidos, una falla administrativa del CNE o una vulnerabilidad en la plataforma tecnológica”, anotaron.
De la misma manera, recordaron que “en un proceso electoral, la confiabilidad de los sistemas informáticos y la integridad de los datos son elementos esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la legitimidad del proceso democrático”.
“La jornada del 8 de marzo es un asunto de Seguridad Nacional que compete al Estado colombiano en cabeza del Presidente Gustavo Petro. La DNI garantiza el despliegue de todos los elementos humanos y técnicos necesarios para proteger el derecho humano al libre ejercicio del voto y, específicamente, la tarea soberana de ser testigo electoral”, concluyó el comunicado.