Los ministerios de Transporte y de Trabajo expidieron una circular conjunta que unifica y aclara las responsabilidades laborales, contractuales y de seguridad social que deben cumplir las empresas de transporte de carga, los propietarios de vehículos y todos los actores que contratan este servicio en el país.
La medida busca garantizar condiciones de trabajo dignas, seguras y ajustadas a la ley para las y los conductores que movilizan buena parte de la economía colombiana por carretera, estableciendo con claridad las obligaciones de cada actor dentro de la cadena logística.
La circular recuerda que los conductores vinculados al servicio público de transporte de carga tienen derecho, como mínimo, a un salario que remunere su jornada laboral, al pago de horas extras y recargos nocturnos y festivos, al reconocimiento de sus prestaciones sociales y a la afiliación completa al sistema de seguridad social: salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la dignidad del trabajo en el sector transporte: “Quienes conducen los vehículos de carga sostienen buena parte de la economía del país. No podemos hablar de competitividad si no garantizamos primero trabajo digno y condiciones seguras. Esta circular no crea nuevas obligaciones, pero sí deja claro que la ley se cumple: salario justo, seguridad social completa, jornadas respetadas y cero tolerancia a la precariedad”.
Asimismo, se establece que las empresas deben organizar la operación respetando los límites de la jornada laboral, los tiempos de descanso y las pausas necesarias, teniendo en cuenta que la fatiga y el agotamiento son factores que inciden directamente en los siniestros viales.
De igual manera, se recuerda la obligación de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita identificar y controlar los riesgos asociados a la conducción. Esto incluye mantenimiento adecuado de los vehículos, dispositivos de seguridad en buen estado, seguros vigentes y capacitación permanente en normas de tránsito, prevención de riesgos y derechos laborales.
Con esta decisión, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con el trabajo decente, la seguridad vial y una operación logística más responsable, reconociendo que conducir no puede ser sinónimo de informalidad ni de riesgo innecesario.
Reglas claras y responsabilidades compartidas son la base para proteger la vida en las vías y la dignidad de quienes recorren diariamente las carreteras del país.