El Gobierno nacional expuso ante la Corte Constitucional la urgencia de poner en funcionamiento la Jurisdicción Agraria, durante una audiencia pública convocada para analizar la demanda presentada por la Agencia nacional de tierras (ANT) relacionada con la implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo Final de Paz de 2016.
Durante la diligencia, el director de la entidad, Juan Felipe Harman Ortiz, presentó cifras y argumentos jurídicos sobre la necesidad de que el país cuente cuanto antes con esta jurisdicción especializada. Según explicó, su creación no solo responde a un mandato constitucional, sino que es clave para que jueces con conocimiento técnico puedan resolver conflictos complejos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra en el campo colombiano.
El funcionario también defendió que la Agencia nacional de tierras mantenga sus facultades administrativas dentro de los procesos agrarios orientados a materializar los compromisos del Acuerdo de Paz.
“Es fundamental que el Congreso le cumpla al campo en los 60 días legislativos que restan. Los campesinos no pueden seguir esperando décadas para que la justicia los escuche y les reconozca sus derechos”, afirmó Harman Ortiz.
De acuerdo con información presentada por la ANT ante la Corte Constitucional, actualmente la entidad adelanta más de 208 procesos agrarios en fase administrativa, que en conjunto abarcan cerca de 45.000 hectáreas. Sin una jurisdicción especializada en funcionamiento, estos casos podrían pasar a la justicia ordinaria, lo que aumentaría la congestión judicial y prolongaría los tiempos de decisión para las comunidades campesinas.
El director de la Agencia también advirtió que al menos cinco demandas de procesos agrarios radicadas en 2023 permanecen detenidas. Se trata de trámites complejos, como procesos de deslinde, que requieren análisis técnicos, ambientales y agrarios especializados.
Por su parte, la Corte Constitucional informó que continuará el estudio del caso con base en los argumentos presentados por representantes del Gobierno nacional, académicos, congresistas, gremios y organizaciones campesinas, antes de adoptar una decisión de fondo.