En la sede del Ministerio de Hacienda se realizó este miércoles la segunda mesa de trabajo entre altos funcionarios del Gobierno nacional y ejecutivos del sistema financiero con el fin de buscar soluciones que permitan orientar recursos para responder a la emergencia climática que se vive en el Caribe.
En el encuentro, liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se escucharon propuestas y se avanzó en la dirección de buscar soluciones respecto al decreto de emergencia económica para la zona de desastre en ocho departamentos de la costa Caribe.
En representación del sector financiero participaron ejecutivos de Asobancaria, Bancolombia, BBVA, Banco Popular, Davivienda y Banco Caja Social.
Los voceros de la banca privada han manifestado su compromiso con el Gobierno para ayudar a superar la emergencia y anunciaron ayudas relacionadas con la suspensión de cobros jurídicos y en mora, un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y atención prioritaria a los afectados en los ocho departamentos mencionados.
También se discute sobre créditos flexibles y alivios para sectores que deben dinamizar su presencia económica.
Los cinco decretos de emergencia
El Gobierno del Cambio expidió cinco decretos legislativos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica que declaró el pasado 11 de febrero para los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Son medidas en impuestos, ambientales y agrarias con las que se atenderá la emergencia por los efectos del frente frío que causó daños a personas, infraestructura y afectaciones a cultivos en la región Caribe.
Las primeras proyecciones indican que los daños ocasionados por la temporada de lluvias requieren de inversiones por 8 billones de pesos.
En la zona afectada se han registrado 65 emergencias, 53 de estas por inundaciones en 61 municipios de los ocho departamentos. Además, 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud. Hay 20.000 hectáreas afectadas y 4.100 viviendas destruidas.