
El presidente Petro se refirió a la contratación de la firma Thomas Greg & Sons. Dijo que esa empresa maneja las elecciones en Colombia desde 2007. “La cifra de la licitación que ganó vale dos billones setecientos cincuenta y tres mil millones de pesos. En mi opinión, este es un hecho de corrupción mayúscula”, escribió.
Argumentó que el software de Thomas Greg, “desacatando el fallo del Consejo, no pasa al Estado. No revierte tecnológicamente al Estado, los funcionarios de la Registraduría o del Consejo de Estado no saben manejarlo ni sus algoritmos. Esto hace que el 92% de las elecciones colombianas estén en manos de terceros privados, no están en manos ni del Estado ni de la ciudadanía”, afirmó.
Para el jefe de Estado, se trataría de “un billonario derroche de dinero” que ni la Contraloría ni la Procuraduría han visto, además porque los costos de los softwares utilizados en Estados Unidos, Brasil o Corea del Sur son estatales y cuestan mucho menos.
“Los sobrecostos en el proceso electoral son del orden de 300%, lo que genera un excedente de cerca de 1 billón 800 mil millones de pesos, y explica por qué no es criticado por la prensa, ni por los partidos tradicionales, ni se investiga por la Fiscalía o la Procuraduría”, añade el mensaje.
Y agrega que desde 2007 se han firmado 27 contratos electorales, de los cuales 26 han sido para Thomas Greg: “En total, el país le ha entregado 4,4 billones de pesos”.
La MOE y el proceso electoral
El presidente Petro se refirió en un tercer mensaje al papel que ha jugado en este proceso la Misión de Observación Electoral (MOE).
“La MOE solo constata sin mucho ruido, que las leyes vigentes electorales son de antes de las nuevas tecnologías. Al ser Thomas Greg el único proveedor, una sola falla el día electoral puede ser devastador y mandaría a un proceso manual, que hoy por hoy, sería más seguro. El CNE así no puede cumplir ninguna función de vigilancia y control, como lo ordena la Constitución”, asegura el mensaje presidencial.
Según el presidente Petro, los precios que Thomas Greg pone en cada licitación “son drásticamente superiores a la inflación”. Por ejemplo, “solo por costos de escrutinio la empresa ha subido un 78% sus precios. De 155.000 millones en el 2013, hemos pasado a 1,238 billón de pesos pagados por la nación. Una verdadera aberración sin contraloría”.
Por último, el jefe de Estado aseguró que la única manera controlar los datos de Thomas Greg es con los testigos electorales y los abogados de escrutinio: “Los testigos (electorales) deben impugnar la mayor cantidad de mesas posibles para que se reabran ante jueces”. Y concluyó que “Colombia necesita ya una reforma electoral y política, pero el Congreso no es capaz de hacerla, o no pasa en las cortes”.
