El Gobierno nacional reportó las acciones institucionales adoptadas tras las denuncias en redes sociales relacionadas con un carrotanque que circuló en el municipio de Aguachica, Cesar, con propaganda política durante la entrega de agua.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que las entidades del Estado reaccionaron de manera inmediata y conforme a la ley ante este caso que ha generado preocupación por posibles prácticas contrarias a la transparencia electoral
En su pronunciamiento en la red social X, el ministro indicó que la Policía Nacional de Colombia, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, abrió una indagación penal por el presunto delito de corrupción al sufragante.
Asimismo, explicó que, aunque al momento de la inspección el vehículo ya no portaba propaganda, la información recopilada fue incorporada al proceso investigativo para establecer eventuales responsabilidades por delitos electorales.
El jefe de la cartera de Defensa también aclaró que la persona señalada en algunos registros audiovisuales como integrante de la Policía no pertenece a esa institución, sino que corresponde a un agente de tránsito municipal.
Al respecto reiteró que los miembros de la Fuerza Pública deben mantener estricta neutralidad política, conforme a la Constitución y la ley.
“Se realizó un Consejo de Seguridad extraordinario para reforzar los controles y prevenir delitos electorales”, posteó el ministro Sánchez en su cuenta de X.
Este pronunciamiento se da en el marco de los reiterados llamados del presidente Gustavo Petro Urrego a garantizar un proceso democrático transparente y respetuoso de las normas electorales.
El mandatario ha señalado públicamente que el uso indebido de bienes o servicios públicos con fines políticos afecta la legitimidad del ejercicio democrático y ha pedido a las autoridades actuar con celeridad para esclarecer cualquier irregularidad.
El Gobierno nacional destacó la coordinación interinstitucional para avanzar en las investigaciones y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que pueda afectar la transparencia electoral.
Bajo este enfoque, las instituciones continuarán trabajando para proteger la legalidad, la confianza ciudadana y el normal desarrollo del proceso democrático en todo el territorio nacional.