El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios el proyecto de resolución que reglamenta el programa Colombia Solar, una iniciativa del Gobierno nacional que habilita la autogeneración de energía solar como alternativa al subsidio tradicional de electricidad para los hogares de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El programa Colombia Solar cuenta con viabilidad técnica, fiscal y presupuestal. El proyecto fue evaluado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y obtuvo concepto favorable de viabilidad, además del aval fiscal por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), lo que garantiza su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Adicionalmente, fue declarado Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES) por la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos.
La propuesta normativa desarrolla lo dispuesto en el Decreto 0972 de 2025, que adicionó el Decreto 1073 de 2015 y creó el Programa Colombia Solar. El objetivo del programa es promover la autogeneración con energía solar, en cualquiera de sus modalidades, para usuarios residenciales de menores ingresos, tanto en el SIN como, mediante reglamentación adicional, en las Zonas No Interconectadas (ZNI).
De acuerdo con el proyecto de resolución, el Ministerio define los instrumentos contractuales, técnicos y financieros necesarios para la implementación del programa. Asimismo, establece las reglas relacionadas con la propiedad, la operación y el mantenimiento de la infraestructura solar que se desarrolle en su marco. El documento fija un horizonte de operación de hasta 25 años para las soluciones fotovoltaicas, periodo que corresponde a la vida útil estimada de los módulos solares.
La reglamentación también determina los criterios y mecanismos de focalización y priorización de los beneficiarios. Estos se basan, entre otros factores, en el Índice de Pobreza Multidimensional, el Índice de Pobreza Energética Multidimensional y el costo unitario del servicio de energía eléctrica. El objetivo es orientar la asignación de los proyectos hacia los hogares y territorios con mayores dificultades de acceso al servicio y mayores cargas tarifarias.