El Ministerio de Minas y Energía, en articulación permanente con el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Despacho (CND) y las empresas operadoras de red, adelanta acciones coordinadas para garantizar el suministro de energía eléctrica a la población de los departamentos del Cauca y Nariño, así como para restablecer de manera oportuna los circuitos afectados por los atentados perpetrados por grupos armados al margen de la ley.
“Hemos reforzado la seguridad física y eléctrica de nuestra infraestructura estratégica, y estamos trabajando sin descanso para restablecer el servicio en los puntos impactados, proteger los activos del sistema y avanzar en la judicialización de los responsables de estos atentados contra la infraestructura pública”, aseveró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Agregó que “el sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solo un ataque contra torres, subestaciones o líneas, sino un ataque directo contra las comunidades, contra los hogares, los hospitales, las escuelas y la economía regional”.
Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía alertó que durante el pasado mes de diciembre la infraestructura eléctrica del suroccidente del país, en particular en el departamento del Cauca, ha sido objeto de reiterados atentados por parte de grupos armados organizados, los cuales ponen en riesgo la prestación continua y segura del servicio de energía eléctrica.
Adicionalmente, en el transcurso de la presente semana se han reportado dos nuevos ataques contra la infraestructura eléctrica de la región, hechos que coinciden con la reciente suspensión de las exportaciones de electricidad a Ecuador y que agravan el panorama operativo del sistema en esta zona del país.
El Ministerio indicó que continuará informando de manera oportuna sobre la evolución de la situación e hizo un llamado a rechazar cualquier acción violenta que afecte bienes públicos y ponga en riesgo el bienestar de la población.
El Gobierno nacional reiteró su compromiso con la seguridad energética del país, la protección de los derechos de la ciudadanía al acceso a los servicios públicos y la defensa de una infraestructura esencial para el desarrollo y la vida cotidiana de las regiones del suroccidente colombiano.