En el marco de la Emergencia Económica y Social, el Gobierno nacional estableció una contribución parafiscal del 2,5% a las empresas generadoras de energía, recursos con los que se busca “garantizar la continuidad, calidad, cobertura y sostenibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica” en todo el país.
La contribución especial está contenida en el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026 expedido al amparo del estado de excepción como medida transitoria, que incluye también un aporte solidario en energía por parte de algunas empresas del sector eléctrico.
Las dos disposiciones permitirán que el Fondo Empresarial de la SuperServicios respalde a las empresas intervenidas y evitar interrupciones del servicio.
“Según la información disponible, un número significativo de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se encuentran intervenidas y requiere del apoyo financiero y operativo del Fondo Empresarial, principalmente para garantizar la prestación de los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, lo cual evidencia una presión creciente sobre la capacidad financiera del Fondo”, señala uno de los considerandos del Decreto.
En otro aparte indica que “se ha materializado una perturbación grave e inminente del orden económico y social asociada a la prestación del servicio público de energía eléctrica, como resultado de un deterioro acelerado de la liquidez y de la estabilidad financiera de los agentes que participan en el Mercado de Energía Mayorista -MEM-con especial intensidad en la región Caribe, situación que compromete la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico”.
La contribución
La contribución parafiscal será del 2,5% sobre la base gravable de utilidades de las empresas antes de impuestos, la cual se pagará en dos cuotas: la primera, de 1,25%, el 2 de febrero de 2026, y la segunda, por el mismo porcentaje, el 15 de mayo entrante.
Mientras, “el aporte en especie será del 12% de la energía efectivamente vendida en la bolsa del Mercado de Energía Mayorista que se distribuirá proporcionalmente entre las empresas intervenidas, liquidada mensualmente. Este aporte no podrá tener efectos en la tarifa, ni afectar el despacho económico, ni la formación de precios del mercado”, dice la norma.
Un problema de 20 años
De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, “este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de los gobiernos anteriores y de los honorables parlamentarios que han asfixiado la política fiscal del país para la prestación del servicio. Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables”.
Recordó que el problema energético en la costa Caribe existe hace más de 20 años y aseguró: “Ya son siete empresas que han fracasado por culpa de la clase política del Caribe colombiano, y muchos gremios callaron durante ese tiempo”.
El ministro subrayó que las medidas son excepcionales, y temporales y que no tendrán impacto en las tarifas ni en la formación de precios del mercado.