El Gobierno nacional dio un paso formal para desprenderse de su participación accionaria en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, empresa que opera bajo la marca Movistar en el país.
Mediante el Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó el Programa de Enajenación de las acciones que están en poder de la Nación.
Según con el decreto, el Estado es propietario de 1.108.269.271 acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones, las cuales representan el 32,5 % del capital suscrito y pagado de la compañía. Estas acciones son las que entran en el proceso de venta autorizado por el Gobierno.
En el documento oficial se señala que la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, actúa en el marco de las facultades que le confiere la Constitución Política y la Ley 226 de 1995, norma que regula la enajenación de la propiedad accionaria estatal. El decreto precisa que el programa define las condiciones generales bajo las cuales se llevará a cabo la venta de esta participación.
El texto también describe la naturaleza y el objeto social de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, indicando que se trata de una sociedad anónima constituida en 2003 y dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones en sus distintas modalidades. Entre estas se incluyen telefonía fija y móvil, servicios de datos, internet, televisión, tecnologías inalámbricas y otros servicios asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La expedición del decreto se produce en un contexto en el que Movistar ha manifestado su intención de avanzar en una fusión con Tigo en Colombia, operación que ya cuenta con la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio. Si bien el decreto no se refiere de manera directa a esta transacción, la decisión de vender la participación estatal se conoce en medio de ese proceso empresarial.