En el Congreso de la República fue radicada la ponencia alternativa al Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara y 083 de 2025 Senado, que decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
El acto se registró en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, con la participación del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene; y los integrantes de las Comisiones Económicas de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. En ese escenario, se anunció que la discusión formal del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 se iniciará mañana miércoles 24 de septiembre a las 12:00 del mediodía.
Ponencia alternativa: reducción de $10 billones
El informe de ponencia alternativa propone que el monto del PGN para 2026 sea de $546,9 billones, una reducción de $10 billones frente al proyecto inicialmente radicado por el Gobierno Nacional, que ascendía a $556,9 billones.
En el documento se señala que el ajuste “responde a la coyuntura fiscal actual y busca garantizar la aprobación de una Ley de Presupuesto para la vigencia 2026 que contribuya al desarrollo económico y social del país, en el marco de la sostenibilidad fiscal”
La distribución planteada mantiene la estructura general del gasto:
- Funcionamiento: $365,7 billones, de los cuales el 75 % corresponde a transferencias.
- Servicio de la deuda pública: $102,4 billones, con $27,6 billones destinados a amortizaciones de capital y $74,8 billones al pago de intereses y costos asociados.
- Inversión: $88,7 billones, cifra que equivale al 4,6 % del PIB y representa un aumento frente a los $83,9 billones aprobados en 2025
La ponencia destaca la necesidad de activar la cláusula de escape de la regla fiscal, establecida en la Ley 2155 de 2021, debido al nivel de rigidez del gasto público. Según el texto, “la marcada rigidez del gasto compromete alrededor del 92 % de los recursos en rubros inflexibles como salud, pensiones, servicio de deuda, Sistema General de Participaciones y vigencias futuras, lo que reduce sustancialmente el margen de maniobra fiscal”
En el mismo sentido, el documento recuerda que entre 2023 y 2026 el Gobierno Nacional debe atender amortizaciones por $235,6 billones de deuda previamente contratada. Al respecto, se advierte que “el elevado costo del servicio de la deuda pública se ha convertido en el principal obstáculo para reducir el déficit fiscal”, ya que en 2025 los intereses representan cerca de dos terceras partes del déficit proyectado
El proyecto alternativo plantea que la reducción de $10 billones se concentre en gastos de funcionamiento y en inversión, con el propósito de priorizar recursos en sectores estratégicos. Entre las modificaciones se incluye un recorte de $6,5 billones en funcionamiento y de $4 billones en inversión, lo que deja el monto total en $546,9 billones
Al mismo tiempo, se proponen adiciones específicas:
- $200 mil millones para deporte y recreación.
- $200 mil millones para Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
- $100 mil millones para comercio, industria y turismo.
- $50 mil millones para agricultura y desarrollo rural.
Asimismo, el documento sugiere la creación de una Subcuenta de Salud Mental en el Ministerio de Salud y Protección Social, con una adición de $50 mil millones, y la destinación de $300 mil millones para el Fondo de Programas Especiales para la Paz
Con estas cifras sobre la mesa, las Comisiones Económicas Conjuntas deberán decidir mañana si acogen la ponencia mayoritaria —que mantiene el monto en $556,9 billones— o las alternativas, que recortan el presupuesto en $10 billones y plantean redistribuciones sectoriales.