El presidente del Grupo Keralty, representante de Sanitas, Joseba Grajales Jiménez, anunció este lunes las primeras medidas de la compañía después de que la Corte Constitucional dejara sin efecto la intervención ordenada por el Gobierno de Gustavo Petro a la EPS Sanitas en abril de 2024.
En Blu Radio, Grajales denunció la existencia de una persecución oficial contra la entidad y advirtió que la decisión no puede quedar en la impunidad.
“El daño causado a la EPS es irreparable. Exigimos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales y jurisdicciones que corresponda. La sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará”, afirmó el directivo en un comunicado.
El presidente de Keralty pidió además una reparación “efectiva e inmediata” por el perjuicio “incalculable” ocasionado a la red de atención, al equipo de profesionales y a los millones de usuarios de Sanitas. También reclamó el cumplimiento inmediato del fallo de la Corte Constitucional.
“La intervención no fue un error administrativo: fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, aseguró Grajales.
En el documento titulado Un grito por la Verdad, la Justicia y la Reconstrucción, la compañía señaló que la intervención no solo fue ilegal, sino que desnudó “una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que había servido eficientemente a millones de colombianos”.
El manifiesto describe que la medida dejó como consecuencias pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema erosionado “hasta sus cimientos” por lo que calificaron como una actuación improvisada y carente de humanidad.