El Grupo Keralty, casa matriz de EPS Sanitas, anunció acciones legales contra el presidente Gustavo Petro y miembros de su Gobierno por lo que califica como una campaña sistemática de desinformación y desprestigio en su contra.
La decisión fue anunciada en una carta pública firmada por el presidente del grupo, Joseba Grajales, quien acusó al mandatario y a su equipo de gobierno de haber difundido mentiras que han afectado gravemente la imagen de la organización.
El documento se da luego de que el presidente Petro calificara de “criminal” al máximo directivo del grupo, en medio de declaraciones relacionadas con la crisis del sistema de salud. Según Grajales, las afirmaciones del mandatario y sus colaboradores forman parte de una estrategia sostenida que ha buscado “socavar, sin fundamento alguno, la legitimidad del trabajo, el valor de la historia y la reputación” de Keralty y sus instituciones.
El pronunciamiento del grupo también se enmarca en el reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS Sanitas. Para Keralty, esta decisión no solo ratifica la legalidad de su operación, sino que representa un hito en la defensa de los principios y el propósito que han guiado su labor en el país. No obstante, la organización reiteró que el daño ya está hecho.
“Nos devuelven lo que nunca debió ser arrebatado”, señaló la compañía, que denunció una intervención “premeditada, arbitraria y deliberada” por parte del Estado colombiano. Según Keralty, primero se desconoció la desfinanciación estructural del sistema, luego se adelantaron auditorías e investigaciones que no hallaron faltas, y finalmente se ejecutó una intervención que, en su opinión, tuvo como efecto el deterioro de la atención, la fragmentación de las redes de salud y la desmoralización del equipo humano.
Además de anunciar denuncias ante tribunales nacionales e internacionales, Keralty señaló que la EPS Sanitas ha sido devuelta en un estado crítico: comprometida financieramente, con servicios deteriorados y un incremento significativo en quejas y tutelas. Por ello, el grupo advirtió que la reconstrucción será un proceso complejo, y que continuará exigiendo una reparación integral.
En cuanto al sistema de salud colombiano, Keralty reiteró su preocupación por la falta de financiación adecuada, los desequilibrios estructurales y las deudas acumuladas, aspectos que, a su juicio, han sido advertidos desde hace años sin recibir una respuesta efectiva por parte del Estado. La organización aseguró estar dispuesta a continuar operando, siempre que el Gobierno cumpla con sus obligaciones legales y financieras. De lo contrario, no descartan retirarse del sistema.