El más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera del sistema de salud revela que 29 Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda que asciende a los $32,9 billones de pesos por servicios prestados por clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema.
Esta cifra representa un aumento de $7,9 billones respecto al monto reportado en 2023, y es reflejo del nivel crítico de desfinanciamiento y desorden administrativo del sistema, debido al actual modelo de aseguramiento basado en la intermediación.
Dicha deuda no solo afecta gravemente la estabilidad de los prestadores y proveedores de servicios, sino que también ha empezado a golpear de forma directa a los usuarios. La imposibilidad de cubrir oportunamente los servicios ha generado una atención cada vez más fragmentada, demorada y costosa, y ha empujado a miles de familias a cubrir con su propio dinero medicamentos, exámenes, citas y procedimientos.
Pese a la magnitud de la crisis, el informe deja claro que esta deuda no es responsabilidad del Gobierno, sino que corresponde a decisiones y omisiones de las propias EPS.
En este sentido, el ministerio de Salud y Protección Social reitera que está al día con los pagos y que ha realizado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el financiamiento del sistema.
Durante este Gobierno, los recursos destinados al aseguramiento en salud han crecido cerca del 40%. En 2024 los recursos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ascendieron a $87,89 billones de pesos, lo que representó aproximadamente el 17 % del Presupuesto General de la Nación.
Para ese mismo año la UPC fue incrementada en 12,01%, un ajuste superior a la inflación causada de ese año, que fue del 5,20%, lo cual refleja el compromiso de este Gobierno con el sostenimiento financiero del sistema.
“A pesar de que la prensa ha dicho que el Gobierno debe dinero, es preciso mencionar que esto es mentira. No debemos ni un solo peso. Es más, las EPS intervenidas han reducido la deuda en 14 % con los hospitales y las clínicas. Por este motivo la intervención hay que mantenerla y ampliarla, para detener el desangre del sistema”, recalcó el presidente Gustavo Petro durante la alocución destinada al análisis del informe de la Contraloría.
Y es que, a pesar de los giros oportunos y crecientes por parte del Gobierno, la Contraloría advierte que hay $2,71 billones de pesos girados por la ADRES a las EPS que no fueron reportados por estas en sus estados financieros. Dichos recursos serán objeto de actuaciones fiscales, pues no hay claridad sobre su uso o destino.
Más preocupante aún es que entre 2020 y 2024 se han acumulado $15,79 billones sin trazabilidad, entre ellos $4,22 billones solo en 2024, lo que evidencia un patrón persistente de opacidad en el manejo de los recursos.
Uno de los casos de mayor afectación es el de la Nueva EPS. Antes de su intervención ya presentaba alarmantes signos de desequilibrio financiero. Según datos de la Supersalud, al cierre de 2022 la Nueva EPS debía $5,07 billones al sistema, entre cuentas por pagar y reservas técnicas. De ese monto, $3,88 billones correspondían a anticipos entregados a IPS, lo que dejaba una deuda efectiva por pagar de $1,19 billones.
A esto se suma que la mayoría de las EPS no cumplen los requisitos mínimos para operar. De las 26 EPS evaluadas, en 2023 solo 5 cumplen con la provisión e inversión de reservas técnicas, y apenas 10 tienen indicadores de liquidez y solvencia adecuados. El 61% de las EPS no cuentan con recursos líquidos para operar, y 16 EPS incumplen simultáneamente los tres requisitos normativos: liquidez, margen de solvencia y provisión de reservas.
Lo anterior implica que una porción significativa de las entidades que reciben recursos públicos para garantizar el derecho a la salud no tiene cómo sostener sus operaciones básicas, y sin embargo siguen funcionando y manejando grandes volúmenes de dinero público.
La crisis no se limita a la relación entre EPS e IPS. A pesar de que el Gobierno ha pagado el 90,3% de lo facturado por operadores farmacéuticos en 2024 —unos $13,3 billones de $14,7 billones radicados—, persisten fallas graves en el suministro de medicamentos.
Esta contradicción ha generado una ola creciente de peticiones, quejas y reclamos (PQR), sin que haya una explicación técnica clara por parte de los gestores farmacéuticos.