El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, envió una comunicación oficial al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez Aldana, en la que advierte sobre la situación financiera de la empresa Air-e E.S.P., intervenida por la Superintendencia y encargada de prestar el servicio de energía eléctrica a cerca de 1,2 millones de usuarios aproximadamente 4 millones de personas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En la comunicación, Palma expresó su preocupación por la viabilidad operativa de la compañía sin respaldo del Fondo Empresarial de la Superservicios. “Sin el respaldo de la Superintendencia, a través del Fondo Empresarial, la prestación del servicio a cargo de la empresa intervenida se vuelve inviable. Las medidas regulatorias y administrativas no son suficientes”, afirmó el jefe de la cartera energética.
Agregó que las medidas regulatorias y administrativas implementadas hasta ahora no son suficientes para atender la situación. “Se requiere apoyo y gestiones concretas que permitan a la empresa a salir adelante, de lo contrario, se tendría que considerar una liquidación”, advirtió Palma. No obstante, señaló que “en cualquier, escenario, debe primar la obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio público a su cargo”.
La empresa Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en medio de una crisis financiera. Desde entonces, según el Ministerio, la compañía ha enfrentado serias dificultades para cumplir con sus compromisos con las generadoras de energía. “No se han podido cubrir totalmente las obligaciones con las generadoras, acumulando una deuda que asciende a 1,3 billones de pesos, según nos comunicó esta semana XM”, explicó el ministro en el documento.
Palma señaló que la situación no solo afecta a Air-e, sino que puede impactar al resto del sistema energético. “No pagarles a los generadores produce un efecto negativo en el resto de los actores del sistema. Aunque el modelo está basado en la solidaridad, las empresas que generan, especialmente en térmicas, deben cumplir sus obligaciones con los proveedores de combustibles”, indicó.
Durante una visita reciente a la empresa, el Ministerio evidenció otros riesgos financieros. “Se evidenció una exposición en bolsa para 2026 superior al 70 %, así como un déficit proyectado en el flujo de caja por valor de $2,8 billones para el año en curso”, reportó Palma. A esto se suma el riesgo de que la compañía no cumpla con la senda de reducción de pérdidas, lo cual podría traducirse en una reducción de ingresos por $567.976 millones durante el periodo de devolución, proyectados a partir de junio de 2026.
El Ministerio considera necesaria una intervención urgente por parte de la Superservicios para garantizar la continuidad del servicio y evitar consecuencias más amplias en el sistema energético del país. “Urge por lo tanto, no solo la inyección de capital que permita cumplir con los compromisos adquiridos con las generadoras y demás actores del sistema, sino que la Superintendencia defina, a la mayor brevedad, una solución de fondo que garantice la prestación eficiente y continua del servicio de energía eléctrica en los tres departamentos actualmente atendidos por Air-e y con ello evitar que se consume un riesgo sistémico”, manifestó el ministro.