El Gobierno Nacional presentó un proyecto de decreto que sustituye una parte esencial del Decreto 780 de 2016, con el objetivo de implementar un nuevo modelo, que en su mayoría es lo que se pretende con la reforma a la salud que se discute en el Congreso, el cual se centra en la atención primaria, la prevención de enfermedades y la organización territorial.
Este cambio no solo redefine la atención en salud, sino que también replantea el papel de actores clave como las EPS, o los alcances de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, además que le da otras facultades a la Adres.
El Ministerio de Salud y Protección Social, se emitió un nuevo decreto que reemplaza parte del Decreto 780 de 2016. Esta modificación se centra en el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, con el fin de asegurar el acceso a servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
El decreto, que lleva la firma del Presidente de la República, se fundamenta en las facultades constitucionales y legales, incluyendo la Ley 1751 de 2015, que establece el derecho fundamental a la salud.
Con esta ley, el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas que garanticen igualdad de trato y oportunidades en el acceso a actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Se considera que la prestación de estos servicios es un servicio público esencial, bajo la supervisión y control del Estado.
Entre las responsabilidades del Estado que se destacan en el decreto, se incluyen la formulación de políticas que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la promoción de acciones tanto colectivas como individuales para prevenir enfermedades, y el monitoreo constante de las condiciones de salud de la población.