Para afinar detalles y concluir en la viabilidad del convenio marco que busca optimizar la capacidad operativa del sistema penal del Departamento, se reúnen en la Gobernación del Atlántico los equipos de trabajo del Viceministerio del Interior, la Alcaldía de Barranquilla y la administración departamental.
Con esta jornada de trabajo, que estará presidida por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, se busca definir los detalles legales, financieros y procedimentales del convenio con el que se espera generar 2.000 nuevos cupos carcelarios para reducir el hacinamiento de la cárcel La Modelo, sacar la cárcel El Bosque del perímetro urbano de Barranquilla y establecer otras medidas complementarias que resultan necesarias mientras se logra el cierre del proyecto.
El secretario del Interior, Guillermo Polo Carbonell, explicó que hay decisiones judiciales de delitos de alto impacto que no tienen medidas intramurales porque físicamente no hay capacidad en las cárceles.
«Es por ello que para nosotros es de suma importancia trabajar mañana en la viabilidad de este convenio que nos permitirá aumentar a 2.000 la capacidad carcelaria. Ya tenemos identificados los predios y se requiere revisar el esquema financiero para determinar los aportes de la Nación, el Distrito y la Gobernación y continuar la ruta de acción para esta meta», sostuvo Polo Carbonell.
Dijo además que las medidas complementarias del convenio comprenden un centro de custodia provisional dentro de la penitenciaria El Bosque, que ya tiene los diseños listos y está pendiente de la aprobación por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el cual tendrá capacidad para 350 personas y estará construido en una estructura liviana que permitirá su desmonte para otros propósitos.
También se espera que el convenio incluya el acuerdo entre la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que la policía asista al Inpec en las visitas a las personas que tienen detención domiciliaria. «Tenemos 4.600 personas en detención domiciliaria y 4 funcionarios del Inpec para visitarlas, lo que hace imposible cumplir a cabalidad con esta función».
