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Tamales a $30 millones detectó la Fiscalia que iban a programa de alimentación de niños

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto prácticas corruptas en el departamento de Santander, que al igual que en otros departamentos del país, se hicieron alrededor del llamado Programa de Alimentación Escolar PAE. Lo más escandaloso de los hallazgos de la Fiscalía es la compra de tamales, sin especificar el el número, por un costo de $30 millones, que iban a ser ejecutado por una empresa de operadores de grúas.

Los tamales nunca llegaron a los niños, pues resultaba imposible para los responsables del contrato, unos operadores de grúas elaborarlos o fabricarlos.

Este es el informe que al respecto entregó  el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira:

La Fiscalía General de la Nación asumió un compromiso con la comunidad de Santander: profundizar en las investigaciones de los casos que han puesto en peligro los recursos públicos, especialmente los destinados a la atención de la infancia y los menos favorecidos. También, indagar sobre las causas relacionadas con afectaciones al medio ambiente y llegar hasta las últimas consecuencias en los hechos de corrupción detectados.

Es así que la Fiscalía cumple y presenta los primeros resultados de la denominada ‘Operación Guane Fase 1’, de acuerdo con las denuncias y reportes recibidos el 13 de julio de 2017, en Bucaramanga, durante una jornada extraordinaria anticorrupción del plan Bolsillos de Cristal. En esa oportunidad fueron priorizadas 17 investigaciones.

Estos son los primero resultados de la “Operación Guane Fase 1”:

PAE

Hechos: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una herramienta para subsidiar la alimentación de los niños más pobres de las escuelas y colegios públicos de Colombia, en el que se han detectado problemas graves de corrupción, como el manejo irregular de los recursos.

En Santander fueron detectadas presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un valor inicial de veintitrés mil ochocientos cuarenta y cuatro millones de pesos ($23.844.912.000), en 82 municipios no certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes.

En Septiembre del mismo año se realizó una adición de seis mil setecientos millones de pesos ($6.700.000.000) y posteriormente se presentó una nueva adición por cinco mil doscientos millones de pesos ($5.200.000.000), de tal manera que el valor total del contrato ascendió a treinta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro millones novecientos doce mil de pesos ($35.744.912.000).

Los dineros que, al parecer, se habrían desviado en el departamento, estaban destinados a la alimentación de 124.892 estudiantes de escuelas y colegios de Santander.

Las investigaciones permitieron encontrar inicialmente las siguientes irregularidades:

– Direccionamiento del contrato: el pliego de condiciones del contrato fue presuntamente definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia.

– Proveedores ficticios: el análisis de la contabilidad refleja la adquisición de productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta. Los investigadores de la Fiscalía viajaron a cada una de las zonas descritas y comprobaron con testimonios y evidencia física que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación y, en la mayoría de los casos, no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica.

En las inspecciones fueron detectadas anomalías como:

Meta: en Acacías se formalizó un contrato por treinta millones de pesos ($30.000.000) con la Asociación de Operadores de Grúas T&A, para el suministro de tamales. Allí se pudo constatar que esta entidad no tiene por objeto este tipo de actividad. Lo más revelador, los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales. Complementariamente, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes.

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