La Superindustria inició 29 investigaciones contra campañas políticas por presuntas infracciones a regulación de protección de datos.
Las ciudades donde más quejas se han presentado son Bogotá, Medellín, Popayán y Soacha.
El 87% de las personas que presentaron una queja manifestaron no haber dado autorización para recibir información con fines de proselitismo político.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional para la protección de datos, inició 29 investigaciones a candidatos de elección popular por eventuales infracciones a la regulación de protección de datos del país. Las decisiones fueron tomadas luego de que se presentaran 38 denuncias ciudadanas ante la Entidad y se tomaran algunos casos evidenciados por redes sociales.
Frente a las quejas presentadas, el 47% se ha trasladado a los partidos políticos para que respondan directamente las peticiones de los ciudadanos, mientras que en el otro 47% se han solicitado pruebas a los denunciantes y a los denunciados; y, en el 6% restante se han requerido explicaciones a los candidatos y a los partidos.
El 87% de las personas que interpusieron una queja ante la Superindustria manifestaron que no dieron autorización a los candidatos para que usaran su información con fines de proselitismo político, mientras que otro 8,6% de los ciudadanos se quejaron por el uso de imágenes de menores en publicidad política y el 4,4% por difamación política.
Las ciudades en las que más se presentaron quejas ante esta autoridad fueron Bogotá, Medellín, Popayán, Soacha, Cali y Bucaramanga.
La Superintendencia de Industria y Comercio estará atenta de resolver todas las denuncias. Para el efecto, solicita a los ciudadanos que antes de radicar su queja a la entidad, presenten una reclamación ante el candidato y/o el partido político, quien deberá responderle dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la ley 1581 de 2012. El éxito de las investigaciones dependerá, en buena medida, de las pruebas y datos exactos que puedan entregar los ciudadanos a la autoridad.
En caso de que se encuentre que existió una violación de las normas de protección de datos, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas institucionales o personales de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
Deberes de las campañas
Desde el pasado 3 de julio la Superindustria remitió un oficio a todos los partidos políticos para que respeten la regulación sobre recolección, uso y tratamiento de datos personales en las campañas políticas que se desarrollaron el pasado 27 de octubre. Entre varias cosas, se les solicitó lo siguiente:
- Únicamente contactar a personas respecto de las cuales tengan prueba de la autorización previa, expresa e informada que exige la Ley 1581 de 2012 para poder recolectar, usar o tratar sus datos personales –privados, semiprivados o sensibles- para fines de publicidad política.
- Respetar y garantizar el derecho de supresión de los datos personales de contacto cuando son utilizados para fines de marketing o publicidad política.
- Suspender el uso de datos de contacto –dirección electrónica, número telefónico- para fines publicitarios, cuando así lo requiera o solicite el titular de dichos datos personales.
- Impartir instrucciones a los candidatos y personas a cargo de la publicidad de las campañas políticas para que las actividades de marketing electoral se realicen cumpliendo todo lo que ordena la Ley 1581 de 2012, especialmente que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en dicha ley estatutaria.
En el pasado, la Superindustria impuso dos (multas) a candidatos por uso de datos sin autorización de los ciudadanos. La primera fue de $9,240,000 y la segunda por $10,341,825 tal y como consta en las resoluciones 54599 del 15 de septiembre de 2014 y 13790del 29 de marzo de 2016.