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Reforma Política tendrá hoy su primer debate en el Congreso

La Reforma Política, que desarrolla el punto 2 de participación política del Acuerdo de Paz de La Habana, comenzará su trámite en el Congreso de la República, vía fast–track, este miércoles 9 de agosto.

Entre los puntos más destacados de esta iniciativa, de acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, está la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), “con las mismas funciones del actual, pero también con otras competencias jurisdiccionales”.

El ministro resaltó la rigurosidad de las medidas para controlar la financiación de campañas, como la prohibición de contratación de transportes, de dádivas, donaciones y regalos por parte de las campañas políticas. “Se obliga que particulares que contribuyan a la financiación de una campaña política lo declaren públicamente. De no hacerlo se exponen a una sanción de carácter penal”, afirmó el ministro.

En cuanto a la creación de movimientos políticos, Rivera explicó que deben acreditar el número de afiliados “de al menos 0.2 por ciento del censo electoral, que son 70 mil personas, para obtener personería jurídica y postular candidatos”.

Aclaró que la Procuraduría mantiene sus competencias de destituir a un servidor público de elección popular, pero en caso de inhabilitarlo, el Consejo de Estado tiene un mes de plazo para definir si esta inhabilidad le impide volverse a elegir.

Sobre el transfuguismo, Rivera reiteró que va en contra de la Reforma Política que “busca relegitimar las instituciones de origen popular” y esa conducta “hace de la actividad política una actividad poco seria, porque se termina engañando al elector, en consideración a la organización política y a la plataforma ideológica”.

“La financiación de campañas será preponderantemente estatal y un menor porcentaje debe ser particular”, afirmó Rivera, quien concluyó que también “se busca un relevo generacional, promocionar la participación de los jóvenes, la equidad .de género y calidad en las listas”, entre otros, motivo por el cual se plantea que los congresistas no podrán permanecer más de tres periodos

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