Que respondan los culpables por el descalabro de la empresa Triple A, que desde 1.992 opera los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad de Barranquilla, pidió hoy el senador Jorge Robledo del Polo Democrático, durante el debate de control político adelantado en la Comisión Quinta del Senado.
El senador Robledo responsabiliza a alcaldías como la de Bernardo Hoyos, en la que se concesionó el servicio de aseo y las de Elsa Noguera y Alejandro Char por no hacer nada frente a estos contratos como el de asistencia técnica, sofware y outsourcing leoninos que llevaron al descalabro de la empresa. «En 1993, la Alcaldía de Barranquilla era dueña del 85% de la Triple A. Hoy solo tiene el 14,5%. Los barranquilleros fueron despojados del patrimonio público y adicional les suben las tarifas».
El senador Robledo recordó que, en octubre de 2018, la Fiscalía General de la Nación impuso las medidas cautelares de Suspensión del Poder Dispositivo, Embargo y Secuestro sobre el 82 por ciento de la composición accionaria que posee la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. (INASSA), en la empresa Triple A, por el saqueo de $329 mil millones. En este sentido, desde esa misma fecha las acciones que posee INASSA en Triple A se encuentran bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
«Insisto en que ha habido avances, pero esta tragedia tiene origen en la borrachera neoliberal de César Gaviria, donde todo lo extranjero era mejor que lo colombiano. Todo lo público es malo y lo privado eficiente, por lo tanto, hicieron más laxas las reglas de juego», manifestó el senador Robledo.
«Barranquilla tiene la segunda agua más costosa de Colombia y es una ciudad con poco poder adquisitivo. La gente está comiendo menos para pagar el recibo del agua. Propongo que la empresa Triple A regrese a la ciudad y sea pública, que en Barranquilla se haga lo de Medellín, para que las utilidades regresen a la ciudad», puntualizó el senador Jorge Robledo.
«En España han metido a la cárcel a los cabellicas de la banda que saquearon la empresa de aguas de Madrid (Canal Isabel II). Para ese robo usaron a la Triple A como su instrumento en Colombia. ¿Y los socios de esa banda en Colombia qué?», se cuestionó el senador Robledo
Responden los funcionarios
A su turno, el ministro de Vivienda, ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, aseguró que la ley de servicios públicos reconoce la libertad de empresa. «En Colombia, el 80 por ciento de las empresas de servicios públicos tienen capital público de por medio y tienen a los alcaldes como garantes de la operación» advirtió el funcionario.
Advirtió que lo más recomendable son los esquemas regionales, «ya que actualmente hay 3 veces más operadores que municipios, lo que trae inconvenientes es el desaprovechamiento de las economías de escala y lo más importante es equilibrar el costo entre producción de metro cúbico de agua y su costo final al usuario».
La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, aclaró que la Superintendencia no puede tomar partido ni avalar las decisiones de contratación de ninguna empresa de servicios públicos. «Las medidas de intervención, en la cual la Súper toma el control de una empresa para su administración o liquidación están en la ley y apuntan cuando se afecta la prestación del servicio, el orden económico y social por la incorrecta prestación del servicio».
Según María Virginia Torres, de la Sociedad de Activos Especiales, quien actualmente administra la empresa Triple A, existen muchos intereses en la entrega de información confiable. Advirtió que «no solo los contratos grandes se prorrogaban, bajo la tesis que cuando se ampliaba era un nuevo contrato. La selección objetiva inicial rompió normas de competencia, que en ultimas se terminaban saltando».
Así mismo, revelo que había una serie de serie de ofertas que no se formalizaban en contratos, sino que solo se aceptaban y se empezaban a ejecutar y pagar, escapándose de todo control.
Para la senadora Aida Avella, este es un caso de corrupción internacional. «En España ha sido muy nombrado, porque está involucrado Ignacio González, expresidente de Madrid. Allá tienen detenidos a 12 políticos y empresarios, pero acá en Colombia no se sabe cuáles han sido los resultados de la investigación que lleva la Fiscalía».
Conclusiones
Finalmente, el senador citante Jorge Robledo concluyó que no puede ser exitoso un trabajo donde se produjo este tipo de corrupción. «Buena parte del éxito parcial de la triple A son por los recursos públicos que apalancaron esa corrupción. Esto es para buscar mejorar lo que hay».
Rechazo que voceros de esta corrupción ande saboteando lo que está haciendo esta nueva administración. «Necesitamos que a esta nueva administración le vaya lo mejor que se pueda y lo mejor que le puede pasar a la empresa Tiple A es que regrese al sector público. Estamos hablando de $70 mil millones anuales que pueden quedar en manos de los barranquilleros».