El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, salió en defensa del proyecto de Ley de Tierras que se encuentra en discusión en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, señalando que este proyecto pretende formalizar las tierras rurales del país de manera equitativa e integral.
La normativa ofrece más garantías a 800.000 familias campesinas y brinda condiciones necesarias para que exista seguridad jurídica y mayor productividad en el sector agrario.
‘Este no es un proyecto de ley para expropiar tierra, es para darle más garantías a los propietarios y brindar las condiciones para que exista seguridad jurídica y pongamos a producir el país’, dijo el Ministro Iragorri.
Explicó que hoy, de los cuatro millones de predios rurales, el 60% no tiene escrituras, por lo que se busca la forma de agilizar esos procesos y darle acceso a tierras a 800.000 familias de campesinos que hoy no han tenido esa posibilidad.
Igualmente, sostuvo que también es un tema que beneficiará a empresarios e inversionistas pues lo que se busca es dar seguridad jurídica a todos los actores para realizar sus inversiones, por ejemplo, en la región de la altillanura, donde los proyectos están varados.
‘El proyecto es integral porque beneficia a todos, campesinos, indígenas, afros, agroindustriales, finqueros, es para todos los sectores, para que todos tengan las escrituras de sus predios’, resaltó el jefe de la cartera agropecuaria.
Creación del Fondo Nacional de Tierras
A través de la creación del Fondo Nacional de Tierras, contemplado en los acuerdos de paz, se formalizarán los baldíos ocupados hoy, sostuvo el Ministro.
‘Si un propietario no está explotando la tierra la idea es notificarlo e informarle que tiene un plazo de seis meses para empezar a producir”, puntualizó el ministro Iragorri.
Actualmente se realizan en diferentes ciudades del país, jornadas de socialización del texto borrador del proyecto de Ley.
Entre los puntos más importantes de la normativa se encuentra:
1. Creación del Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) que clasifica y prioriza los sujetos beneficiarios de la política.
2. Implementación de programas de titulación masiva de predios totalmente gratuitos para el campesino.
3. Permite que otros sujetos, diferentes a las poblaciones vulnerables, adquieran tierras baldías.
