El Ministerio Público se tomó instalaciones de Reficar en Cartagena, para inspeccionar las instalaciones de la refinería, luego del escándalo que sacudió a la firma por los millonarios sobrecostos.
La Procuraduría había anunciado la apertura de una investigación disciplinaria a nueve miembros de la junta directiva de la refinería por los sobrecostos en la modernización que pasaron de 3.777 millones a 8.016 millones entre 2011 y 2015.
Los investigadores de la Procuraduría General de la Nación evaluaron el plan de producción y de planta de la refinería, con el fin de conocer su estado actual.
El ente de control había advertido que dicha empresa debe garantizar el retorno de la inversión total efectuada, así como los costos fijos reportados antes y después de la modernización.