De 1.826 acuerdos vigentes, 24% presenta avances inferiores al 50% y 34% no registran seguimiento.
Un estudio de la Contraloría Delegada para la Población Focalizada concluye que no existen planes de carácter estratégico que apunten a resolver las necesidades que motivaron estas movilizaciones sociales.
La Contraloría General de la República identificó presuntas deficiencias en la gestión del Gobierno Nacional respecto a la concertación, ejecución y seguimiento de los acuerdos suscritos en el marco de mingas indígenas y paros cívicos.
De acuerdo a información reportada por 27 entidades del orden nacional, durante el período 2018-2021 se destinaron $1,24 billones para estos acuerdos, de los que cuales se comprometieron $1,22 billones (el 97%).
En 2018 se comprometió el 10% de estos recursos, en 2019 el 21%, en 2020 el 28% y en 2021 el 41%.
Los recursos comprometidos se distribuyeron en los acuerdos del Paro Cívico del Chocó (49%), el Paro Cívico de Buenaventura (22%), la minga del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC (19%) y las demás mingas indígenas (10%).
Sin embargo, un estudio intersectorial adelantado por la Contraloría Delegada para la Población Focalizada evidenció que, según las actas suministradas por el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional no ha realizado un seguimiento efectivo y oportuno y/o evaluación de la satisfacción de las necesidades que motivaron las mingas y los paros cívicos
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