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Por corrupción en contratos por $12 mil millones serán imputados Alcalde y ex Alcalde de Santa Marta

La Fiscalñía General de la Nación anunció que dentro de la política del Plan Bolsillos de Cristal, imputará al exalcalde y alcalde de Santa Marta (Magdalena), Carlos Eduardo Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, respectivamente, junto con cuatro personas más, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

A estas personas se les investiga por las posibles irregularidades cometidas en la demolición y construcción de cinco puestos de salud en el municipio.

Caicedo Omar y Martínez fueron capturados en horas de la mañana por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la capital de Magdalena.

Según la investigación, coordinada por la Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena en el caso del exalcalde, se presume que suscribió un acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga, de los cuales el único que se construyó fue el de Bastidas.

La Fiscalía General reveló que las capturas del exalcalde de Santa Marta y precandidato presidencial, Carlos Caicedo y del suspendido alcalde de esa ciudad, Rafael Martínez se relacionan con graves irregularidades en contratos que ascienden a los 12 millones de pesos en los recursos para la salud en la capital del Magdalena.

El director Nacional de Fiscalías Seccionales, Luis González señaló que se trata de la celebración de un contrato y una posterior adición que tenía como objetivo la demolición y construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta.

Según la investigación, el exalcalde samario habría suscrito un acta y acuerdo que autorizaba la demolición y construcción de cinco puestos de salud: Mamatoco, La Paz, Candelaria, Taganga y Bastidas Sin embargo, solamente se construyó este último.

Los dos contratos en la mira de la Fiscalía son: El No. 004, firmado el 18 de noviembre de 2014, celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend, y Mediredes SAS, para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por un valor de 6.532 millones de pesos.

La Fiscalía detectó que detectó que se habría presentado un incumplimiento en los requisitos legales, tales como la falta de planeación, inexistencia del concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión, así como de la licencia de construcción, lo que generó un detrimento patrimonial cercano a 5.000 millones de pesos.

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