En 12 locales fueron identificadas cerca de 100 mujeres, de nacionalidad venezolana, no mayores de 25 años ejerciendo la prostitución. El Ministerio Público hace un llamado a Migración Colombia para que adelante acciones que permitan identificar la autenticidad de los documentos y evitar que menores sean sometidas a esta forma de esclavitud del Siglo XXI.
La Procuraduría realiza en el país operativos para proteger los derechos de venezolanos migrantes en Colombia, en especial de menores, mujeres y población vulnerable.
La Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Policía de Infancia y Adolescencia realizaron una inspección a 12 establecimientos nocturnos de Barranquilla, donde rescataron una menor de nacionalidad venezolana, quien era explotada sexualmente.
El operativo fue realizado en locales del centro de la ciudad, ante información recibida que indicaba la presencia de menores sometidas a una explotación sexual comercial.
La menor rescatada quedó bajo custodia del ICBF y fue trasladada a un hogar sustituto para garantizar sus derechos, mientras que el establecimiento fue sellado.
Durante el operativos en los 12 locales del centro de la capital del Atlántico fueron identificadas cerca de 100 mujeres, de nacionalidad venezolana, no mayores de 25 años, quienes aseguraron que se dedicaban a la prostitución.
El Ministerio Público hace un llamado a Migración Colombia para que adelante acciones que permitan identificar la autenticidad de los documentos y evitar que niñas menores de edad sean sometidas a esta forma de esclavitud del Siglo XXI.
Los operativos fueron realizados en desarrollo de la campaña #CarnavalSinAbuso, que promueve la Procuraduría General en apoyo con la Fundación Carnaval de Barranquilla y autoridades de la ciudad, para proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes durante las fiestas de la capital del Atlántico.
La Procuraduría a lo largo del país adelanta acciones y operativos tendientes a la protección de los derechos de los venezolanos migrantes en Colombia, en especial de menores, mujeres y población vulnerable.
